Un juez investiga como delito ambiental la peste y el Govern aprueba las primeras ayudas

Un juzgado de Cerdanyola del Vallès investigará, por un presunto delito contra el medio ambiente, el origen del brote de la peste porcina africana, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus. Los Mossos d’Esquadra, que investigan el origen del virus con el Seprona de la Guardia Civil, han remitido ya un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso. La previsión es que la causa sea declarada secreta una vez que se abra formalmente.La investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados, ente ellos el de propio IRTA-CReSA. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ofrece la “plena colaboración” de la Generalitat para investigar. Ayer se celebró la primera reunión de expertos y Odeig pidió “prudencia, dejemos trabajar a los científicos, cuando haya resultados los comunicaremos. Y tendrán plena autonomía para hacer lo que ellos consideren en base a su criterio científico y técnico de laboratorios de alta contención”, insistió. Con todo, dijo que “hay muchas hipótesis abiertas” sobre el origen del brote.

Por otra parte, el president, Salvador Illa, se reunió ayer con el sector porcino catalán para analizar la situación. Las organizaciones agrarias calculan pérdidas de 24 millones de euros semanales por la caída de los precios, de los que 3,2 millones corresponderían a Lleida. La cifra está en línea con los cálculos de Mercolleida que la semana pasada bajó las cotizaciones 20 céntimos y quedaron en 1,10 euros por kilo vivo.

Hasta el momento, el Govern ha creado una línea de ayudas y subvenciones de 10 millones de euros, ampliable con 10 más y ha ampliado la línea de préstamos del ICF, destinada a empresas y entidades afectadas por emergencias climáticas, para incluir como posibles beneficiarios a afectados por el virus. Pero los ganaderos dejaron claro tras el encuentro en el Palau de la Generalitat que son cifras claramente insuficientes. UP, JARC y Asaja insistieron en la necesidad de poner freno a la población de jabalíes, la necesidad de negociar para recuperar mercados exteriores claves, como pueden ser el caso de Japón y Filipinas y dimensionar el plan económico para que no tenga que cerrar ni una granja por esta crisis.

Illa en el Parlament

Las organizaciones agrarias insistieron ayer en que una de las prioridades en estos momentos es dar salida a los cerdos de las granjas situadas en los 20 kilómetros alrededor del foco. Por una parte, alertaron que después de dos semanas de inmovilización hay explotaciones con cerdos cebados que han alcanzado los 150 kilos, cuando comercialmente se valoran entre 90 y, como máximo 110 kilos. Por ello, consideran que han de salir ya para matadero e indemnizar a los granjeros. En el caso de las granjas de cerdas reproductoras, fuentes del sector abogaron también por sacrificios de las crías e indemnizaciones.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó ayer que se han comenzado a llevar al matadero cerdos sanos de las granjas del área de esos 20 kilómetros. La medida afecta, al menos de momento, a unos 30.000 cerdos de 39 granjas que se encuentran en ese perímetro de vigilancia y Ordeig dijo que acordarán un calendario de movimientos paulatinos de animales. Explicó que todos los animales que salgan lo harán con una prueba PCR para asegurar que están sanos —algo que ya se ha hecho—. Pero se mantienen las restricciones en los 91 municipios ubicados en ese radio, lo que supone otras 16 granjas que están cerca pero fuera de ese área.