El Congreso pide al Estado asumir las autopistas

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley de Unidos Podemos que insta al Gobierno a “no ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje” y que su “explotación se realice de forma directa por el sector público” y propone empezar por aquellas cuya concesión termine entre 2018 y 2021, entre las que se encuentra la AP-2 a su paso por Lleida, de la que Abertis es titular hasta 2021. La iniciativa fue respaldada por toda la cámara a excepción del PP y Ciudadanos, que se abstuvieron, y Foro Asturias, que votó en contra. No obstante, los populares presentaron una enmienda que no se aceptó, en la que apoyaban no prorrogar las concesiones. El portavoz de los populares, Rafael Hernando, abogó por que estas infraestructuras “amortizadas por el pago del peaje reviertan al Estado” y sea el Gobierno el que “decida cómo va a implementar una nueva fórmula para su mantenimiento”. Cabe recordar que entre 2018 y 2021 expiran 9 tramos de autopistas de peaje, la AP-6 entre Villalba y Adanero, la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo. El texto aprobado, que se centra en su mayor parte en pedir que no se privaticen de nuevo autopistas quebradas, incluye una enmienda de ERC para exigir que no se amplíen las tarifas en determinados tramos hasta que finalice su concesión.

Por otra parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró el lunes su compromiso de desviar camiones de la N-240 y la N-340 hacia las autopistas, aunque aseguró que aún no hay una fecha concreta.