Detectan contrataciones directas sin licitación en la Diputación Lleida en 2017

La Diputación de Lleida hizo en 2017 contrataciones directas por valor de 1,43 millones de euros sin ningún procedimiento de licitación, según el informe hecho público por la Sindicatura de Cuentas. Entre estos gastos destacan el servicio de asistencia sanitaria para el personal, los servicios y suministros informáticos y los suministros de gasóleo.

Además, según el informe, nueve de los doce contratos de obra fiscalizados por la Diputación aquel año, bajo la presidencia de Joan Reñé (CiU), se tramitaron por el procedimiento de urgencia "sin justificación" y la Sindicatura recuerda que la reiteración de este procedimiento indica una "falta de previsión y de planificación" en la gestión de las obras y supone una restricción al principio de concurrencia.

En el trabajo de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas se han detectado 65 gastos, que suman un total de 690.895 euros, tramitadas directamente sin seguir el procedimiento establecido en las bases, es decir, sin la propuesta de gasto y su aprobación previa por parte del órgano competente, sin la fiscalización por la Intervención y sin la aprobación por resolución del presidente o diputado delegado.

Añaden también que en siete de los contratos de obra fiscalizados hubo retrasos de los plazos de ejecución de las obras de entre dos meses y un año y que en uno de los contratos, uno de los adjudicatarios había participado en el trabajo de campo y en el análisis previo de las actuaciones a desarrollar. Según la Sindicatura eso fue determinante en su elección, dado que se aceptó como justificante de la oferta "desproporcionada" que presentó y, por lo tanto, se incumplió el artículo 56 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP), ya que suponía un "trato privilegiado" con respecto al resto de licitadores.

El informe también recoge que en los anuncios de licitación se han encontrado varias carencias, como la falta de información sobre los requisitos de solvencia o sobre los criterios que tenían que servir de base para la adjudicación del contrato. También se ha detectado, añaden, la falta de publicación de la formalización de varios contratos en los diarios oficiales o en el perfil del contratante, y la falta de envío de algunos contratos al Registro general de contratos del sector público.

Con respecto a la valoración de las ofertas, recoge la Sindicatura, en los contratos de obra fiscalizados y en otros contratos licitados mediante procedimiento abierto, la fórmula de valoración del criterio objetivo comportaba que se redujera el rango de puntos a repartir y, por lo tanto, la importancia relativa de la oferta económica. En consecuencia, el criterio evaluable mediante fórmula dejó de ser preponderante, por lo cual, considera que se tendría que haber nombrado un comité de expertos para valorar las ofertas. Por otra parte, la fórmula para determinar las ofertas "anormalmente bajas" implicaba considerar temerarias ofertas muy próximas a la media.

Otras irregularidades recogidas es que una parte significativa del gasto correspondiente al suministro de equipos informáticos, 273.416 euros, se adquirió mediante contratos menores, a pesar de que el importe superaba los límites para este tipo de contratación y que en todos los contratos de obra fiscalizados, salvo uno, hubo modificaciones que oscilaban entre un 10% y un 45,9% del importe inicial. Estas modificaciones, destacan, no estaban previstas en el pliego "de forma clara, precisa e inequívoca", ni estaban delimitadas ni cuantificadas tal como establece el artículo 106 del TRLCSP.

Además, en seis contratos de obra fiscalizados, parte de las mejoras ofrecidas por el adjudicatario no se llevaron a cabo y se aplicaron, como menos coste de la obra, a otros apartados del proyecto de obras, con el visto bueno de la Diputación. Esta posibilidad no estaba recogida en los pliegos de cláusulas administrativas.

En varios contratos, añaden, se produjeron retrasos de entre uno y diez meses en los plazos de ejecución y destacan que el retraso continuado y reiterado en los plazos de ejecución de los contratos pone de manifiesto la necesidad de mejorar la preparación y gestión de los expedientes de contratación y, en el caso de las obras, la necesidad de una mejora en la redacción de los proyectos de obra.

Por último, el informe incluye seis recomendaciones relativas a las modificaciones presupuestarias y a la contratación administrativa que, en opinión de la Sindicatura, contribuirían a mejorar la gestión de la entidad en estos ámbitos.