El Govern adaptará al mundo rural el programa de construcción de 50.000 viviendas sociales

El Govern trabaja para adaptar a las áreas rurales y a los municipios de menos de 2.000 habitantes el programa de construcción de 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado que el ejecutivo está elaborando un plan específico para permitir el encaje de este programa a las zonas menos pobladas del país. Paneque lo ha adelantado en un encuentro con representantes de los entes locales de la veguería de Lleida para explicarles las condiciones de la primera convocatoria de reserva pública de solares. La consellera ha invitado a los consistorios a sumarse al proyecto para poder abordar la problemática de la falta de vivienda asequible, especialmente entre los jóvenes.

Paneque ha desgranado a los entes locales el mecanismo aprobado por el Govern para impulsar que en los solares públicos disponibles se hagan viviendas asequibles de alquiler con una financiación de las promociones hasta el 100%, garantizando la protección del uso y la titularidad del suelo. En este sentido, ha destacado la necesaria colaboración institucional de los ayuntamientos, además de la publicoprivada, para alcanzar el objetivo de un 15% de vivienda protegida en Catalunya.

La consellera ha explicado que el Govern se compromete a aportar los recursos necesarios para la movilización de más suelo público con la convicción de que "ningún solar tiene que quedar por construir por falta de financiación" y, al mismo tiempo, a "agilizar y adaptar las tramitaciones urbanísticas", que a menudo se ven afectadas por la lentitud administrativa.

Paneque ha detallado que con los solares actuales se puede alcanzar la mitad del objetivo de 50.000 viviendas sociales, pero hay que hacer aflorar más. Por eso, ha defendido que la financiación pública "hace que salgan los números y sean atractivas para los promotores privados", como también el hecho de que se prevean licencias básicas para poder mover tierras y levantar estructuras hasta que no se conceda el permiso definitivo.

La Catalunya de los "10 millones"

La consellera ha constatado que el incremento de población en Catalunya produce tensión en el mercado de la vivienda y que hay que adaptar las políticas hacia "la Catalunya de los 10 millones que veremos los próximos años". En el caso de Ponent, ha argumentado que la previsión es que el número de hogares crezca un 2,6% entre el 2023 y el 2027, y un 3% entre el 2028 y el 2032.

Al mismo tiempo, ha detallado que el número de viviendas acabadas por cada 1.000 habitantes fue de 0,6 entre 2008 y 2018, "muy lejos de la media europea". Además, ha apuntado que la ratio de viviendas públicas que gestiona la Agencia Catalana de la Vivienda en las comarcas de Lleida es de 3 pisos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media catalana de 2,2.

La consellera ha destacado que en la ciudad de Lleida se están desarrollando cinco promociones con unas 120 viviendas impulsadas en el marco de los fondos Next Generation y con 5,6 millones de euros solicitados en subvenciones. "Este es un proyecto de colaboración publicoprivada que muestra el camino a seguir para el resto de Catalunya", ha afirmado.

A la presentación de la convocatoria de solares han participado también al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la delegada territorial del Govern en Lleida, Núria Gil, y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén. Larrosa ha destacado que se ha avanzado, conjuntamente con el sector privado, para cerrar un pacto local por el derecho a la vivienda y que "habla de rehabilitación, así como de acciones para las personas mayores o la emancipación juvenil".

Las condiciones del plan

La primera convocatoria de reserva pública de solares facilita el acceso a una financiación con condiciones ventajosas, ya que los promotores privados pueden acceder a líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas con condiciones preferentes y con la garantía de un derecho de superficie de 75 años.

Asimismo, la Generalitat garantiza una subvención mensual para cubrir la diferencia que hay entre el precio del mercado y el alquiler protegido de manera que se asegura un retorno atractivo de la inversión. Se propone un cambio de modelo que permite disponer de más suelo y activar más promotores –públicos, privados y del tercer sector– para generar más vivienda asequible.

Todos los solares de la reserva tendrán que estar disponibles urbanísticamente para construir viviendas y se prevén varias categorías. En el caso del alquiler, la renta máxima irá fijada en función del ámbito donde se encuentren los municipios, entre un mínimo de 6,64 euros el metro cuadrado –como en el caso de Lleida ciudad–, hasta un máximo de 10,65 euros por metro cuadrado. Un 25% de los pisos se reservarán para jóvenes y el 10% a casos de vulnerabilidad.