Nuevas denuncias por abuso laboral tras la muerte del temporero en Fraga

“No vamos a permitir que alguien venga a ganarse el pan para su familia y que a esa familia le devuelvan un cadáver”, advierte Rachid El Jazouli, responsable del sector agropecuario en CCOO-Aragón, tras la muerte de un temporero sin papeles de origen pakistaní que sufrió un golpe de calor el 20 de junio mientras trabajaba en una finca de frutales de Fraga.

El sindicato, que hace unas semanas denunció ante la Mesa de Migraciones a cuatro empresas fruteras que operan en el Baix Cinca por pagar por debajo del SMI (9,03 €/hora), en unas ocasiones imponiendo jornadas más largas que las que figuraban en los contratos y en otras prolongando de manera irregular las jornadas, presentó la semana pasada dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades en la campaña de la fruta en el Baix Cinca, una por incumplimientos salariales y otra por la gestión de los alojamientos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos esas denuncias se topan con un problema: “los trabajadores no declaran después por miedo a perder su empleo. Es muy complicado. No dan el paso por temor a represalias”, señala El Jazouli.

Esa situación de silencio por la sensación de indefensión también se está proyectando sobre las pesquisas sobre el fallecimeinto del temporero pakistaní, abiertas hace diez días por la Guardia Civil y por la Inspección de Trabajo y que mantienen abiertas al menos cuatro líneas de trabajo distintas.

Por una parte, investigan el accidente laboral y el presunto incumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales en la finca donde trabajaba el fallecido en plena ola de calor, y por otra, indagan la vía por la que ese trabajador llegó a ese campo y si se trata de un episodio de cesión ilegal de empleados.

Una tercera se centra en la aparente suplantación de identidad del fallecido, que según los primeros indicios fue contratado con papeles de un compatriota que estaba empleado en otra provincia. Y la cuarta trata de esclarecer si había más trabajadores con documentos de otros en esa explotación, cómo llegaron allí de manera simultánea y de qué manera habrían conseguido esa documentación fraudulenta. Algunas fuentes apuntan a un mínimo de cuatro.

“Recomendamos a las empresas que, en caso de duda, consulten a la Policía por la identidad de la persona que van a contratar”, explican fuentes de la Inspección, que están prestando especial atención en sus visitas al cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Desde CCOO denunciaron “la falta de protocolo de calor en muchas empresas”. “No vamos a permitir que esto vuelva a pasar”, señala El Jazouli, quien remarca que “no queremos que muera gente por ir a trabajar. Pedimos sanciones para evitar que muera gente por ir a trabajar”.

Para el viernes hay prevista una reunión entre la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Inspección, los sindicatos y las organizaciones agrarias.

La patronal de las ETT abre una investigación de la campaña agraria

La Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (Asempleo) ha abierto “una investigación interna” y ha ofrecido su “total colaboración a las autoridades” ante los indicios de “posibles irregularidades en la contratación de trabajadores para campañas agrícolas”, anunció la entidad. La decisión tiene que ver con la operación Sonsacan desarrollada por la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y los Servicios Sociales del Baix Cinca en Candasnos, donde liberaron a casi 200 trabajadores de temporada alojados en infraviviendas y sometidos a situaciones de abuso laboral. La mayoría de ellos habían llegado de Colombia en procesos de contratación en origen por tres ETT de Castellón, Barcelona y Madrid. La patronal ha activado “una investigación exhaustiva para identificar las empresas implicadas”, verificar si tienen autorización y cumplen la ley y analizar la relación con las empresas usuarias”.