El Govern multó en 2024 a Elèctrica del Montsec
Con 95.000 euros por dos infracciones graves, en fase de recaudación. Meses antes de la sanción impuesta por el Estado
Vista general del pueblo de Àger. - E. FARNELL
La Generalitat, a través de la dirección general de Energía, inició en mayo de 2024 un procedimiento sancionador contra la compañía Elèctrica del Montsec por dos infracciones graves de la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Las multas, que suman un total de 95.000 euros, se encuentran actualmente en fase de recaudación ejecutiva.
El expediente se origina tras varias inspecciones en la red de baja tensión gestionada por la empresa, que presta servicio a unos 1.300 abonados en la comarca de la Noguera. En ellas se detectaron deficiencias técnicas graves que comprometen la seguridad y la fiabilidad del suministro eléctrico. Así lo ha confirmado el Síndic de Greuges de Catalunya. en una carta remitida a raíz de las quejas de usuarios afectados, como Joan Manel Marín, quien denuncia el mal servicio de la compañía en diversos municipios de la zona.
Entre las irregularidades detectadas figuran la realización de actividades incompatibles (comercialización y distribución, que deben lleva a cabo empresas separadas), la falta de facturación a clientes durante largos periodos, no sustituir contadores por dispositivos digitales y la ausencia de sistemas informatizados de facturación. Esto ha provocado errores y duplicidades en los recibos, llegando en algunos casos a facturas superiores a los 11.000 euros por dos meses de consumo.
La multa de la Generalitat se sumaría a otra emitida por el Gobierno central en octubre de 2024, cuando el ministerio de Transición Ecológica impuso a la empresa “la sanción máxima que autoriza la normativa, del 10% del negocio anual de la compañía”. Según datos verificados por la CNMC, los últimos datos de facturación que constan de la compañía, en 2020, ascenderían a 3.000.000 euros. El Síndic lamenta que “a pesar de los reiterados requerimientos, la compañía no ha aportado respuesta ni ha acreditado la corrección de los incumplimientos detectados, evidenciando una nula colaboración con las autoridades administrativas que dificulta cualquier acción adicional correctora desde el ámbito autonómico”.
Por ello, y atendiendo a “la gravedad de las disfunciones detectadas”, la dirección general ha pedido al Gobierno español que valore “la intervención directa” de la empresa eléctrica al considerarse que “existe un riesgo cierto para el mantenimiento del suministro”.
