Un concejal de Lleida explica cómo ha ganado la batalla a la Seguridad Social: “Me he defendido del Estado yo solo”
Miquel Dalmau ha acabado Derecho con 67 años. La Seguridad Social le retiró la pensión de incapacidad permanente total al cobrar una pequeña remuneración a tiempo parcial como edil

“Me he defendido del Estado yo solo”
Miquel Dalmau Tramunt, el concejal del ayuntamiento de Cava que ha ganado el pulso a la Seguridad Social tras retirarle la pensión de incapacidad permanente total por cobrar una pequeña remuneración mensual a tiempo parcial como edil, explica el proceso y cómo ha conseguido defenderse a sí mismo después de sacarse la carrera de Derecho a los 66 años de edad.
Dalmau está ahora a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social presentaran un recurso de súplica, hace poco más de un mes, contra la sentencia del juzgado social número 1 de Lleida, que daba la razón al concejal. Él mismo ha presentado alegaciones al recurso de súplica del Estado, que le retiró el pago de la prestación por incapacidad, de 943 euros, al considerar que era incompatible al cobrar 290 euros como edil.
El concejal reconoce que “si yo no hubiera estudiado la carrera de Derecho, no hubiera tenido el poder adquisitivo suficiente para poder enfrentarme al Estado”. Ahora tiene 69 años, pero empezó a estudiar la carrera a distancia, a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) cuando tenía 61 años, “antes de dedicarme a la política”. Lo hizo movido por el inconformismo. Fue empresario durante muchos años y tuvo la necesidad de contratar los servicios de un bufete de abogados para defender su empresa. “No quedé nada conforme con la defensa que hicieron y fue ahí cuando decidí que la única manera que tenía de mejorarlo era haciéndolo yo mismo”.
Empezó la carrera universitaria, que acabó a los 67 años, siendo graduado en Derecho con un máster en Abogacía. Mientras cursó sus estudios siempre fue el alumno de mayor edad, una situación que “no me ha incomodado pero ha sido curiosa”. Asegura que siempre ha tenido facilidad para los estudios y que, tras empezar con tres asignaturas por semestre, fue subiendo hasta cursar siete cada seis meses.
El edil se siente “ilusionado, sobre todo porque me estoy defendiendo a mí mismo” tras ver el proceso que ha emprendido y considera que “tengo muchas posibilidades de volver a ganar”. “Sé que ahora es cuestión de tener paciencia, quizás necesite un año, pero lucharé para que así sea”.
Sobre el proceso, Dalmau recuerda “momentos de mucha angustia”, sobre todo cuando iban pasando los meses en que le retenían la pensión. “Me mantenía con unos ingresos muy por debajo de la renta mínima básica de subsistencia, cobraba solo los 290 euros como concejal”, recuerda. “Si no hubiera tenido la ayuda de mi familia, hubiera estado en la indigencia”, concluye.
Su caso se remonta al año 2023, cuando el Estado le retiró el pago de la prestación por incapacidad, de 943 euros, al considerar que era “incompatible con un cargo público representativo de carácter retribuido”. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, insiste en equiparar la función de concejal con el de un puesto de trabajo común y explica que “la percepción de la Incapacidad Permanente en grado Total es incompatible con el ejercicio de concejal”.
Dalmau se presentó a las elecciones municipales de mayo del 2023 en la lista de Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (asociada a ERC). Es uno de los tres ediles del municipio más pequeño del Pirineo, con 39 habitantes, y uno de los más pequeños de Catalunya. Asegura que se siente “ilusionado porque tengo las de ganar”.
El recurso de súplica que presenta el Estado “comete un defecto muy grave”, a juicio de Dalmau, puesto que hace referencia a una sentencia anterior del TSJ de Madrid que ha sido anulada por el Supremo “y que me da la razón porque resuelve una cuestión idéntica a la mía”. “La sentencia anulada, y a la que hace referencia el recurso de súplica de ahora, daba pie a la Seguridad Social a declarar la incompatibilidad de los cargos electos con la IPT.