La suplantación de identidad se dispara en la agricultura

El número de episodios en los que un trabajador de temporada sin papeles es contratado tras aportar la documentación de otro que sí tiene y que está empleado en otro lugar del Estado se está dando con una frecuencia inusualmente alta en la campaña de recogida de la fruta en el Baix Cinca.

“Hay tres situaciones: la del agricultor que ha sido engañado, la del que se aprovecha e impone condiciones al trabajador y la del que, al darse cuenta, decide arriesgarse por el motivo que sea. El problema es que la multa es de 10.000 euros en todos los casos”, explica Óscar Moret, secretario de la organización agraria Uaga en Huesca y fruticultor del Baix Cinca, que añade una perspectiva clave para comprender el asunto: “esa gente está aquí y tiene que comer. Hay que buscar soluciones de corte social”.

“Está habiendo muchos casos de usurpación de identidad, y se detecta un aumento en relación con el año anterior”, señalan fuentes de la Guardia Civil, que declinaron concretar el número de infracciones de este tipo detectadas en el Baix Cinca en la presente campaña de recolección de la fruta.

No obstante, algunos datos apuntan a que el número de episodios ronda el medio centenar. La Memoria de la Fiscalía reseña la tramitación de 42 diligencias previas por usurpación de estado civil en la provincia de Huesca el año pasado, una cifra algo más reducida que la de 2023, cuando hubo 47. El número de episodios, concentrado en la zona oriental de la demarcación, comenzó a dispararse hace dos años, cuando prácticamente se duplicó el ritmo de los tres años previos: 18 en 2020, 22 en 2021 y 29 en 2022.

Este escenario pone sobre la mesa la existencia de varios fallos del sistema en la gestión de personal de las campañas fruteras, ya que Empleo del Gobierno de Aragón de da por buenos los papeles y visa los contratos, en un error inicial que se corrige unos días después cuando la Seguridad Social detecta que la misma persona está empleada en dos lugares distintos y advierte a la Inspección. No es habitual que quien utiliza esta estratagema para poder trabajar presente papeles de alguien que trabaje en la misma comunidad autónoma, ya que eso adelantaría la detección a la fase de registro del contrato.

“Se detectan sobre todo en actuaciones con la Inspección de Trabajo”, confirman las fuentes del instituto armado.

La frecuencia con la que se da este fraude revela, por otra parte, la extensión de las situaciones de necesidad en la campaña frutera. También pone sobre la mesa una componente de criminalización de la pobreza, ya que el objetivo del presunto delincuente es el de trabajar. Y evidencia un rasgo de normativismo paradójico, puesto que, al final, el único sancionado es un agricultor al que los papeles le parecieron tan correctos como al servicio de empleo autonómico que visó el contrato.

La multa le llega al agricultor, pero los fiscales presentan cargos en apenas un caso de cada 50. Eso “sugiere que se produce la incoación (...) de conductas que finalmente no tienen encaje” penal, señala la última Memoria de la Fiscalía. Los episodios de suplantacion de identidad, añade, “plantean muchos problemas en su tramitación” a quedar “en muchas ocasiones diluidos los delitos al no concurrir los requisitos”.

“No podemos seguir generando una cadena de multas, detenciones y marginación. Es momento de abordar el problema desde la raíz”, añade Moret.