La investigación apunta a mensajes borrados en el crimen de La Baronia de Rialb

El juez de Solsona, instructor del crimen de Joan Coromina en La Baronia de Rialb, justificó su decisión de decretar el ingreso en prisión preventiva de los tres investigados por el riesgo de fuga y, también, por la posibilidad de que pudieran destruir pruebas. La investigación llevada a cabo hasta la fecha sostiene que los sospechosos podrían haber eliminado mensajes y han tomado precauciones al saber que estaban siendo investigados. Según la instrucción, en el momento de los hechos F.G.P., el comandante de la Guardia Civil retirado imputado en este caso, ostentaba el cargo de jefe de operaciones de la comandancia de Lleida, por lo que podría tener acceso a información sobre las investigaciones contra la víctima por presunto contrabando de tabaco en Portugal. Asimismo, apunta a que en uno de los encuentros entre los sospechosos, el cargo policial estuvo una hora sin conexión en el móvil, lo que atribuye a sus conocimientos en investigación, y podría haber advertido a la víctima de que tenía el teléfono intervenido.

Asimismo, en las diligencias se advierte que los investigados eran muy cautelosos en sus encuentros porque sabían que estaban siendo investigados por este crimen. Aquí, las pesquisas policiales señalan que el mando policial borró mensajes de WhatsApp el mismo día que se publicó un artículo, el pasado abril, que informaba sobre avances en la investigación.

El juez justificó que hay riesgo de destrucción de pruebas, además, al señalar que los investigados podrían estar preparados para los registros que llevaron a cabo los agentes y también considera que podrían influir en posibles testigos. Tanto el comandante retirado como el vecino de Cervera (amigo íntimo de la víctima) y un mecánico de Lleida pasaron a disposición judicial el jueves. En el auto de prisión, se apuntaban indicios de la investigación que señalaban que la víctima podría haber rechazado pagar al mando policial 30.000 euros a cambio de información sobre una investigación en su contra por contrabando de tabaco. Los investigadores creen que F.G.P. pudo haber contratado a alguien para matar a Coromina. Los otros dos acusados serían cooperadores.