FAUNA
Denunciados 13 ayuntamientos de Lleida por privatizar el cuidado de los gatos: “podría considerarse un despilfarro de dinero público”
Una entidad animalista sostiene que mantener el antiguo Archivo de Identificación supone un despilfarro. Actyma pide a Territorio que sancione a los consistorios
Una voluntaria atiende a un gato de una colonia felina en Guissona en una imagen de archivo.
La entidad animalista Actyma ha denunciado a trece ayuntamientos de Lleida ante la conselleria de Territorio de la Generalitat al considerar que su modelo de gestión de las colonias felinas y de los gatos urbanos “genera un gasto innecesario y acaba favoreciendo un sistema privado en lugar de la opción pública”.
Eso, añade, “contradice los principios de eficiencia y buena gestión” que establece la legislación y “podría considerarse un despilfarro de dinero público”, sostiene la entidad, que ha pedido a la Generalitat que abra expedientes sancionadores contra esos consistorios.
Las denuncias se dividen en dos bloques, el primero de ellos formado por doce ayuntamientos de los que ocho son de la demarcación de Lleida: Alfarràs, Artesa de Lleida, Balaguer, Bell-lloc d’Urgell, Corbins, Puigverd de Lleida, Sudanell y Torrefarrera.
Esos consistorios siguen utilizando para llevar el control censal de los gatos el sistema AIAC (Archivo de Identificación de Animales de Compañía) que gestionan los colegios de veterinarios, los cuales trasladan mensualmente las altas de identificación y los registros censales al Anicom, el Registro General de Animales de Compañía de Catalunya, que gestiona Territorio.
La inscripción de los animales en el Anicom es obligatoria y gratuita desde su creación en 2011, mientras que las anotaciones en el AIAC, similar al de otras comunidades y de pago tanto para el veterinario como para el titular del animal, llegan a salir hasta por 55 euros (también los cambios) cuando el chip solo cuesta dos.
Tanto esos ocho consistorios como otros cinco de Lleida, los de la capital, Alguaire, Almacelles, Alpicat y Vielha, han sido denunciados también por la entidad animalista por aplicar programas Gif-Vet (Gestión Integral Felina Veterinaria) mediante convenios con los colegios de veterinarios, una iniciativa que también consideran gravosa para las arcas públicas y que, según denuncian, da lugar a otras presuntas irregularidades en la gestión municipal de los gatos.
Según sostienen, ese formato ampara presuntas irregularidades en ese ámbito.
