El Justicia investiga la supresión del bus escolar a 9 alumnos de Binéfar

El Justicia de Aragón, el defensor del pueblo autonómico, ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón en la decisión de dejar durante un mes sin transporte escolar a nueve alumnos del IES Sierra de San Quílez de Binéfar, cuatro de la localidad de Valcarca, situada a siete kilómetros de la capital literana, y cinco de Binaced, a diez.

Los alumnos de Secundaria de esas dos localidades, como ocurre con Esplús o San Esteban de Litera, tienen como centro de referecia el instituto de Binéfar, para el que el transporte escolar comenzó a funcionar con normalidad a comienzos de septiembre, cuando empezaron las clases de la ESO.

Sin embargo, el día 15, con la incorporación de los alumnos de Bachillerato y de los grados de FP, el servicio comenzó a dejar mucho que desear: el bus escolar dejó de recoger por la mañana a los cuatro de Valcarca, tres de ESO y uno de Bachillerato, y de llevarlos a su pueblo al acabar las clases; cinco de Binaced comenzaron a quedarse sin asiento por falta de plazas en el autocar, lo que en ocasiones conllevaba amonestaciones por faltas y retrasos, y con los de Esplús se daba una situación similar, con alumnos varados en unos casos y con los de menor peso viajando en el regazo de los más corpulentos en otros en función de si ese día los trasladaba un autocar o dos furgonetas.

La situación, que se normalizó a partir del 14 de octubre con la puesta en marcha de un doble transporte para la línea de Valcarca y Binaced y habilitando vehículos con plazas suficientes en Esplús, supone el enésimo episodio de deterioro de los servicios públicos autonómicos en la Franja en los dos años escasos del Gobierno de Jorge Azcón.

El caso ha acabado sobre la mesa del Justicia. Fuentes de la institución confirmaron la apertura de un expediente tras la formalización de una queja por parte de las familias de Valcarca y el envío de un requerimiento al departamento de Educación el 10 de octubre para que ofezca su versión de los hechos.

“No entendemos qué ha pasado, porque es una ruta ya creada. Pedíamos un taxi, con eso bastaba”, explica Estela Mirón, miembro de una de las familias de Valcarca afectadas, quien recuerda cómo mientras el Gobierno de Aragón ha desentendido del servicio ellos se han encargado de llevar a los niños a clase y de recogerlos al salir. “La solución no era no llevarlos, los niños han de ir a clase”, señala. Y recuerda que aunque el transporte escolar “es algo a lo que teníamos derecho”, les había sido imposible canalizar sus quejas hacia la consejería de Educación: “en el servicio provincial no nos cogían el teléfono ¿cómo íbamos a reclamar?”

Retrasos en la liquidación de las becas de comedor

La consejería de Educación comenzó a liquidar hace unas semanas las becas de comedor correspondientes al curso 2023-2024, el que finalizó hace ya más de un año. Ese retardo está provocando problemas de liquidez a, según el caso, los centros, los CRA (Colegios Rurales Agrupados) o los ayuntamientos que asumen la financiación del coste del servicio a la espera de esas liquidaciones. La situación es generalizada en los centros de enseñanza de la Llitera, que se ven obligados, en unos casos las escuelas y en otros los consistorios, a asumir el coste que suponen los comedores durante más de un año, y hasta dos en algunos casos, para las familias a las que por su situación económica se les reconoce el derecho a las ayudas. Cuando los comedores son de titularidad municipal, el Gobierno de Aragón enrevesa un poco más el asunto al ingresarle la beca a la familia en lugar de al ayuntamiento, algo que, en función de la situación económica de la primera, se traduce en impagos de los que el departamento se desentiende.