Renuncia la entidad que atendía a personas dependientes del Alt Urgell

El consell comarcal del Alt Urgell ha puesto en manos de la empresa pública Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA), responsable de comedores escolares de la comarca, el servicio de atención domiciliaria a personas dependientes y la plantilla de diez trabajadoras que lo prestan. Esta decisión se debe a la renuncia del ente público Sumar, que ha desempeñado esta función desde el año 2022. Este organismo, participado por diferentes administraciones locales catalanas, ya había manifestado en 2023 su intención de desistir, aduciendo motivos económicos y un alto nivel de conflictividad y reivindicaciones continuadas por parte de la plantilla. Las empleadas denunciaban incumplimiento del convenio y de los horarios fijados, como la obligación de realizar tareas de limpieza a personas tituladas en atención personal.

Para poder hacer efectivo el cambio al frente del servicio de atención domiciliaria, el consell comarcal ha convocado un pleno extraordinario que se celebrará mañana. Deberá aprobar una modificación de los estatutos de la sociedad IAUSA y permitir así que esta empresa asuma el cuidado de las personas dependientes del Alt Urgell. La presidenta del consell, Josefina Lladós, explicó ayer que “hemos valorado varias alternativas de gestión pero todas acaban siendo inasumibles para las administraciones locales, que al final son las que se deben de hacer cargo”. En este sentido, se refirió al acuerdo, aprobado en un pleno comarcal de agosto del año pasado, para adherirse a la Fundació S21, órgano del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, para que se encargara de prestar el servicio. Esta opción no llegó a materializarse.

Cabe recordar que Sumar se hizo cargo del servicio de atención domiciliaria del Alt Urgell en diciembre del 2022, después de un año de quejas de las empleadas. La plantilla había denunciado incumplimientos de los contratos y meses sin cobrar sus nóminas por parte de la anterior concesionaria, Suport Assitencial SL. Las afectadas se manifestaron y el consell acabó denunciando a la firma por incumplimiento del contrato al constatar que, en algunas ocasiones, desatendieron a algunos usuarios.