Piden 4 años para un cura por robar 21.700 euros a un anciano en La Pobla de Segur

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para el sacerdote J.E.A.P., de 61 años, al que acusa de estafar un total de 21.700 euros a un usuario —ya fallecido— de la Residència Nostra Senyora de Ribera de La Pobla de Segur entre los años 2021 y 2023, según ha podido saber este periódico. 

De hecho, el juzgado de Tremp ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el que fuera párroco de la parroquia de esta localidad del Pallars Jussà, que actualmente ejerce en municipios del Pla d’Urgell y la Noguera. 

El Ministerio Público considera que el cura es autor de un delito continuado de estafa o, subsidiariamente, de un delito continuado de apropiación indebida. Por su parte, la heredera del denunciante, que ejerce la acusación particular y está representada por el abogado Eduard Arrià, hace una petición de cuatro años y medio de prisión por los delitos de estafa y hurto.

El caso salió a la luz a finales de 2023 cuando trascendió que los Mossos d’Esquadra estaban investigando al religioso. Fue después de que la dirección del geriátrico, que es de titularidad municipal, detectara la falta de dinero en las cuentas del afectado y activar a los mecanismos para averiguar qué había pasado. 

A partir del relato de la víctima, sus responsables concluyeron que el cura, que oficiaba misa en la residencia, habría ido retirando de forma reiterada cantidades de dinero de la libreta de la cuenta corriente del usuario hasta dejarla prácticamente en números rojos, como publicó SEGRE.

La Fiscalía, tras la investigación del caso por parte del juzgado de Tremp, considera que el acusado “se aprovechó de la relación de confianza con la víctima por su condición de párroco y, guiado por el propósito de obtener un beneficio ilícito, durante los años 2021, 2022 y 2023 realizó reintegros de la cuenta bancaria de la víctima por un importe de 21.700 euros”. 

Por su parte, la acusación particular eleva la cantidad supuestamente estafada a 26.400 euros en un total de 50 reintegros de cantidades que iban de los 100 hasta los 4.500 euros. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público solicita una multa de 4.320 euros mientras que la acusación particular hace una petición de multa de 7.200 euros y que el obispado de Urgell responda como responsable civil subsidiario.

Esta diócesis declinó ayer valorar el caso. Hace dos años, cuando salió el caso a la luz, afirmó que abrió una investigación interna, que colaboraría con la justicia para aclarar los hechos y que se debía respetar el derecho a la presunción de inocencia.