Admitida una querella por una campaña para desprestigiar a Griñó

El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha admitido a trámite una querella interpuesta por Griñó Ecològic SA por los presuntos delitos de estafa procesal y de alteración de los precios de cotización bursátil, entre otros. La compañía leridana se declara “víctima de una trama organizada de desprestigio” que considera "diseñada para vincular falsamente a la compañía con actividades ilícitas, sin base factual ni respaldo probatorio alguno”. A comienzos de 2025, el Seprona abrió una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de residuo transfronterizo. La apertura de diligencias se vincula con un documental que Griñó denuncia que provocó una crisis reputacional de alto impacto.

Una investigación privada encargada por la compañía acredita que la empresa leridana ha sido víctima de “la existencia de una estrategia coordinada para construir y difundir un relato falso con el objetivo de dañar la reputación de Griñó, alterar su normal actividad empresarial y condicional la actuación de las autoridades”.

Griñó afirma que ha sufrido no solo un impacto reputacional muy significativo, sino también perjuicios económicos y comerciales, como la caída de su cotización bursátil, la suspensión o pérdida de oportunidades contractuales y el endurecimiento de condiciones en procesos concesionales.

En octubre, Griñó interpuso la querella que denuncia connivencia entre empresas interesadas en desprestigiar al grupo con entidades ecologistas de la zona, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción de Tarragona. La querella denuncia “financiación, producción y difusión concertada de informaciones falsas y manipuladas que atribuían a la compañía conductas delictivas inexistentes, con la finalidad de inducir a error al órgano judicial y generar alarma”.

El Grupo Griñó subraya que hasta la fecha ninguna autoridad judicial, policial ni ambiental ha formulado ninguna acusación contra la compañía ni ninguno de sus profesionales. Reitera que todas sus operaciones cumplen estrictamente la legislación y que sus instalaciones están sometidas de forma permanente a controles e inspecciones por parte de la administración. Confía en que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y se repare el daño causado.