La Unión Europea lo admite: las zepas del secano de Lleida pueden ponerse en regadío

La Comisión Europea ha abierto la puerta a que las zepas (zona especial de protección de aves) de los secanos de Lleida, o al menos una parte de esas áreas protegidas, puedan ser dedicadas a la agricultura de regadío, según ha admitido un portavoz de ese organismo a preguntas de SEGRE sobre el rango de garantía de esa declaración.

“El riego de tierras en una zepa (zona especial de proteccion de aves) sería posible si dichas acciones se incluyen entre las medidas de conservación establecidas para el lugar”, ha respondido la CE (Comisión Europea) a una consulta de SEGRE sobre el rango de protección de los secanos de Lleida y la posibilidad de modificarlo.

La gestión de esas zonas, 54.000 hectáreas de estepa con 40.000 en el Canal Segarra-Garrigues, y el riego totalmente vetado en 16.000 de estas, lleva enfrentando a las organizaciones agrarias y los grupos conservacionistas desde hace más de quince o veinte años, según se tome como referencia la primera propuesta de desarrollo del canal, de 2003, o la aprobación de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) definitiva en 2010. El último episodio de ese conflicto han sido las tractoradas desplegadas por las organizaciones agrarias en Lleida y Tàrrega los días 1 y 12 de este mes.

La posición de la CE incluye matices. Así, explicó un portavoz de la CE, la Directiva de Aves obliga a los Estados a “establecer, para cada zepa, objetivos de conservación” y “las medidas de conservación correspondientes para alcanzarlos”. En ese marco, “el riego de tierras en una zepa sería posible si dichas acciones se incluyen entre las medidas de conservación”.

El área de los secanos de Lleida “está designada para la protección de aves esteparias y hábitats mediterráneos en mosaico y, en general, el riego no parece acorde con estos objetivos”, aunque “corresponde a las autoridades españolas competentes” determinar “si, en este caso concreto, el riego sería compatible con los objetivos de conservación de las zepa”. Esas autoridades son, en este caso, la Generalitat como gestora de los espacios y el Estado como interlocutor de la CE.

Y a ellos es a quien interpela la Comisión Europea en este conflicto cuando su portavoz deja claro que “es responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros garantizar la correcta aplicación de estas disposiciones” de la Directiva de Hábitats.

Esa norma “exige a los Estados miembros evitar el deterioro de los hábitats y la perturbación de las especies que motivaron la designación de los espacios” en la Red Natura 2000 y las zepas, en las que “las actividades agrícolas no están prohibidas como tales”, si bien “tanto las actuales como las nuevas, deben ser compatibles con los objetivos de conservación del espacio”, señala la misma fuente.

La Directiva de Hábitats “también establece el marco para nuevos planes y proyectos, incluidos los relacionados con la agricultura”. Y, en este sentido, tal y como expone la guía comunitaria que aclara la aplicación de su artículo 6, el que regula las ZEC (Zona Especial de Conservación) y las zepas, “debe evaluarse adecuadamente” cualquier “plan o proyecto que no esté directamente relacionado con la gestión del espacio ni sea necesario para ella, pero que pueda tener un impacto significativo” en ellas, “ya sea individualmente o en combinación con otras actividades”.

La nueva actividad “solo puede autorizarse si no afecta a la integridad” de las ZEC y las zepas.

Europa fija en enero el plazo para proponer la modificación de áreas

“La Comisión recibirá las propuestas de los Estados miembros sobre posibles nuevos lugares (de protección de aves), así como sobre los ajustes o la retirada de los lugares existentes, a finales de enero de 2026”, explicó un portavoz del organismo comunitario en respuesta a la consulta de SEGRE sobre el rango de protección de los secanos de Lleida. “Hasta la fecha, la Comisión no ha sido informada de ninguna iniciativa destinada a retirar las zepas en cuestión”, señaló la misma fuente, quien remarcó que “la retirada o el ajuste de (las figuras de protección de) lugares es posible, pero solo bajo condiciones muy específicas”. 

La Comisión ha publicado una guía que aclara los requisitos para modificar a la baja el rango de protección de una zepa (zona especial de protección de aves) o una ZEC (Zona Especial de Conservación). Esta se basa en las resoluciones del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE), que considera que “una propuesta de un Estado miembro para reducir el tamaño” de una zepa “requiere la prueba de que las áreas en cuestión no tienen un interés sustancial en la consecución de ese objetivo” de “conservar los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres”.

“La legislación de la UE no exige crear organismos de gestión”

“La legislación de la UE no exige a los Estados miembros crear organismos de gestión específicos para cada lugar o grupo de lugares” de protección de aves, ha zanjado la Comisión Europea uno de los escasos puntos del conflicto en el que las organizaciones agrarias y los grupos conservacionistas coincidían a la hora de criticar la dejadez de la Generalitat y el Gobierno central con las zepa (zona especial de protección de aves) de los secanos de Lleida. 

En consecuencia, y ante el eventual retraso en la creación de ese organismo de gestión de las áreas protegidas, desde Bruselas se descarta la posibilidad de imponer “sanciones en virtud de la legislación de la UE por ello”. En caso de haberlas por otros motivos, que ahora mismo no están sobre la mesa, “la autoridad responsable de la gestión de los lugares en cuestión” es la Generalitat. 

El Govern lleva varios años destinando una partida de tres millones de euros a financiar la ejecución de medidas de conservación de las aves amenazadas que habitan esas zepas, fondos que son gestionados por ASG (Aigües del Segarra-Garrigues). Hace unas semanas, el Govern anunció siete millones anuales más en ayudas para los payeses de las zepa.