Un juez investiga si los Mossos se excedieron al allanar el paso a una firma de renovables

Un juez investiga si los Mososs d'Esquadra se excedieron en sus atribuciones cuando en agosto intervinieron en Alcarràs, sin disponer de una orden judicial que les encomendara esa misión, para facilitar el acceso de las máquinas de una empresa de energías renovables a las fincas de frutales de dos payeses para instalar las torres de una línea de alta tensión.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona ha abierto una causa de protección de derechos fundamentales contra la conselleria de Interior tras recibir la denuncia de los agricultores sobre “el despliegue de un operativo” policial “al efecto de acceder de manera forzosa” a las fincas “sin la existencia de una orden administrativa a tal efecto, y sin ninguna orden judicial”.

Ni la Fiscalía ni la conselleria de Interior se han opuesto a la apertura del procedimiento, cuya resolución marcará las pautas de las intervenciones policiales en este tipo de episodios, relativamente frecuentes en Lleida, en los que empresas privadas tratan de acceder a terrenos para cuya posesión han desplegado procesos de expropiación pero cuya legalidad, como ocurre en este caso, está pendiente de revisión en los tribunales. De hecho, Interior ya ha remitido al juzgado el expediente con las actuaciones policiales que se hallan en tela de juicio y se ha personado en la causa.

Los agricultores, defendidos por la letrada Maite Nolla, son propietarios de varias fincas afectadas por los proyectos de parques fotovoltaicos de Ignis y Solaria y por la línea eléctrica diseñada para evacuar su producción, impulsada por Promotores Albatàrrec, firma en la que están asociadas las anteriores.

Ambos “han impugnado en vía administrativa y contencioso-administrativa las resoluciones administrativas que han aprobado las autorizaciones ambientales de dichos proyectos” y “se niegan a otorgar su consentimiento para que se realicen las obras en sus fincas, hasta que no se resuelva el procedimiento contencioso-administrativo”, narra la denuncia.

Ese día, sostienen, los Mossos desplegaron un “operativo policial desproporcionado e injustificado” en el que “amenazaron a los denunciantes con detenerles si no permitían el acceso a sus fincas, sin tener orden judicial ni mandato” que “ordenara la ejecución forzosa de actos administrativos”. Fueron denunciados y llegaron a declarar en comisaría, pero el juzgado sobreseyó las actuaciones.

UP presenta alegaciones contra 14 parques solares en Lleida

UP (Unió de Pagesos) ha presentado alegaciones contra 43 proyectos de energías renovables en el último año, lo que eleva a 259 los parques y líneas a los que se ha opuesto desde 2019. En esos seis años ha llevado a los tribunales veinte proyectos. El año pasado alegó contra 38 parques solares y 5 eólicos que afectan a suelo agrario y que, según denuncian, no cumplen las exigencias de la ley de Espacios Agrarios. Catorce de esas plantas fotovoltaicas se ubican en Lleida. UP se muestra a favor de los proyectos de energías de fuentes renovables, pero defiende que estos no deben hacer perder la capacidad productiva de tierras agrícolas. Por ello, consideran que la implantación de los parques debe realizarse en espacios de hasta 10 hectáreas que ya estén alterados por la actividad humana y que impliquen el territorio. Defienden un modelo planificado, de proximidad y que no comprometa la actividad en suelo agrario.