Miguel Pueyo, de Lleida, de candidato ‘fantasma’ a edil en un pueblo de Les Garrigues con un solo voto
Miguel Pueyo, de Lleida y del PSC. Funcionario de prisiones y sindicalista, denunció “trato de favor” a presos del ‘procés’

Miguel Pueyo. - AMADO FORROLLA
Miguel Pueyo, vecino de Lleida y tocayo del anterior Paer en Cap de la ciudad, se convirtió el lunes en concejal de Tarrés, un pueblo que, hasta entonces, solo había admirado como visitante.
Era el único miembro de una candidaturas fantasma del PSC que cosechó solo un voto en las elecciones de 2023. Tres años después, la dimisión del hasta entonces alcalde, Carles Móra (Junts), de la edil republicana Maite Royo y la ausencia de candidatos para relevarles en sus respectivas listas le abrió contra todo pronóstico las puertas del ayuntamiento.
Es inusual que un miembro de una candidatura fantasma salga elegido, pero aún lo es más que, cuando esto sucede, el candidato tome posesión del cargo. Especialmente en un pueblo pequeño como Tarrés, donde el puesto de concejal no está remunerado. Pueyo lo hizo en el mismo pleno que eligió a la nueva alcaldesa, Edith Campmajó.
“Era una cuestión de coherencia y responsabilidad”, afirmó el nuevo edil del PSC. Con solo tres concejales y sin otros relevos posibles, una renuncia más “hubiera dejado al ayuntamiento en manos de una gestora”. “Lo hablamos en el seno del partido y consideramos que era necesario este gesto”.
En el pleno apoyó la candidatura de Campmajó a la alcaldía y se declaró dispuesto a ayudar al gobierno de Junts y republicanos. “Son buenas personas que trabajan para el pueblo, no es cuestión de partidos”, valoró. No asumirá tareas de gobierno, explicó. No lo tenía previsto y duda que su apretada agenda se lo permitiera.
Es funcionario de prisiones, sindicalista y dedica a esta última tarea gran parte de su tiempo. Como secretario general del sindicato Sicap-Fepol, aparece en ocasiones en medios de comunicación para abordar temas relacionados con el sector penitenciario.
Antes de asumir este papel, Pueyo fue conocido por elaborar un informe en 2018 en que denunció el “trato de favor” que, a su juicio como jefe de servicio en Lledoners, recibían los presos del procés. En años posteriores fue objeto de expedientes sancionadores que él considera represalias. Revocó uno en los tribunales y espera acogerse a la amnistía del procés para dar carpetazo a otro.