ENSEÑANZA
Sensores de temperatura de veinte centros educativos de Lleida cierran la segunda semana de curso con valores de 30º
La plataforma Aules que Cremen exige que el Govern asuma la climatización de centros y no la haga depender de los municipios

Alumnos del instituto Manuel de Pedrolo de Tàrrega dando clase en el patio el pasado mes de mayo. - LAIA PEDRÓS
El President de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el martes un plan de inversión de 2.500 millones de euros para climatizar 2.430 centros educativos públicos de toda Catalunya hasta 2032. Hasta el final de la presente legislatura, sin embargo, solo un centenar de escuelas e institutos —13 de Lleida y el Pirineo— se beneficiarán de la iniciativa. La comunidad educativa ha recibido el plan con escepticismo: por un lado, el Govern lo fía inicialmente a la colaboración de ayuntamientos y empresas privadas; por el otro, el calor sigue sin aflojar en las aulas.
Lo prueban los sensores con los que una veintena de escuelas de Lleida registran las temperaturas en sus instalaciones, y que esta semana han marcado una media de 29,4º a las 12.00 horas. Son datos recogidos por la plataforma Aules que Cremen, creada para conseguir pruebas irrefutables de una realidad que condiciona la actividad lectiva entre mayo y septiembre. “La realidad es tan dramática que nos daba miedo que no fuese tomada como real”, asegura su impulsor, Pau Sànchez, que también es profesor de un instituto en el Baix Llobregat.
Para Sànchez, el anuncio de Illa se debe a que “ya estamos en campaña”, y recuerda que “cuando aprobaron los presupuestos en julio, todo el arco parlamentario rechazó una enmienda de la CUP para destinar recursos a la climatización de aulas. ¿Y dos meses después haces este anuncio?”, se pregunta. El portavoz de Aules que Cremen también se muestra muy crítico con la lista de 100 primeros centros que deben ser climatizados, y pone en duda los criterios que se han seguido para elegirlos. “Si hubieran hecho estudios objetivos lo explicarían”.
El portavoz de Aules que Cremen también reclama que la Generalitat asuma su responsabilidad para llevar a término el plan de inversiones anunciado. “Sabemos que los ayuntamientos están hiperahogados, que no tienen margen ni casi para gestionar los residuos”. En esta misma línea, exige que Educación sea transparente y asuma la metodología de la plataforma, aunque lamenta que muchos directores de centro se niegan a instalar sensores: “Prefieren ocultar la realidad de lo que viven ellos y sus alumnos”.
Denuncias a Educación
Mientras, en Tàrrega, el instituto Manuel de Pedrolo sigue en la misma situación que a finales del curso pasado, cuando el centro denunció a la conselleria de Educación ante la Inspección de Trabajo por la falta de medidas contra el calor. Según Gerard Balcells, profesor del centro, la conselleria tenía hasta el 15 de septiembre para mejorar la climatización de la primera planta pero no se ha hecho nada.
El calor en el aula, además, esconde una trampa jurídica: la normativa de salud laboral prohíbe a los profesores trabajar a más de 27 grados, pero “no hay ninguna ley que ampare a los escolares”, denuncia Pau Sànchez. Además, el derecho a la educación del menor prevalece sobre la salud laboral de los maestros y obliga a los docentes a quedarse. “Si me voy me podrían expedientar”, explica.