La residencia de Tremp no tenía inventario de material en el brote

El Juzgado de Tremp acogió ayer nuevas declaraciones de testigos por la investigación contra la residencia Fiella de la capital del Pallars Jussà en la que en noviembre de 2020 fallecieron 64 de los 142 usuarios a causa de un brote de Covid-19. Comparecieron varios técnicos sanitarios enviados al centro tras los primeros positivos del virus entre los residentes, según aseguró la letrada Maria Nolla, de Prats Advocats, que representa a varias familias de usuarios fallecidos y ejerce la acusación popular en la causa de los trabajadores. Estos técnicos sanitarios señalaron que, a pesar de que la residencia aseguraba que había material para hacer frente a la pandemia, no había ningún inventario que lo acreditara. Asimismo, explicaron que hicieron una serie de recomendaciones al centro que se “tardaron” en aplicar, según su opinión. También declararon que había una bolsa de trabajo de profesionales a los que llamar en caso de ser necesario cubrir bajas, pero que estaba “desactualizada” y que incluso aparecía gente que se encontraba fuera del Estado. Los técnicos que declararon ayer no pertenecían a la residencia y entre ellos figuraba incluso un profesional que debía actuar en casos de que hubiera una problemática urgente. Según Nolla, señalaron que la madre de un trabajador aseguró que había comprado guantes y que no se comprobó si había material o no al no haber ningún inventario.

Para el próximo lunes, está prevista la declaración de más técnicos sanitarios que intervinieron en el centro tras el brote. Asimismo, para el mes de junio se ha citado a familiares de residentes por si quieren reclamar en esta causa. El pasado 15 de abril, el juzgado de Tremp acogió la declaración de varios profesionales, entre ellas dos enfermeras que afirmaron que “la residencia se convirtió en una UCI aunque sin médicos ni personal”. Añadieron que pidieron ayuda varias veces antes de que fuera intervenida, como ya publicó este diario. También declararon un fisioterapeuta y un animador social, que afirmaron que tenían material. Una semana antes, ya habían declarado familiares en la causa por los homicidios imprudentes. Explicaron que la dirección no les informó del estado de sus parientes y que hubo desatención y descontrol. En cambio, la Fundación afirmó, en un comunicado, que esto pasó cuando el centro estaba intervenido por Salud. El juzgado de Tremp abrió la investigación tras la denuncia de la Fiscalía, que habló de la “residencia de los horrores”. Hay otra causa abierta por las condiciones de trabajo de los empleados.