El Lleida CF se personará en el juicio contra Albert Esteve para dejar claro que no tiene responsabilidad en un fraude a la Seguridad Social

El Lleida CF se personará como parte en el juicio contra Albert Esteve para defender que la actual entidad no tiene responsabilidad penal en la causa por un presunto fraude a la Seguridad Social. El juicio está previsto para el próximo día 18.

La querella de la Fiscalía y de la Seguridad Social se dirige contra Esteve y el Lleida Esportiu por supuestas irregularidades en las cotizaciones de trabajadores del club entre 2014 y 2019. 

El Ministerio Público solicita para el exdirigente seis años de prisión por un presunto delito contra la Seguridad Social, al considerar que se habrían defraudado 893.455 euros mediante irregularidades en los contratos de 90 trabajadores, entre ellos jugadores, técnicos y otros empleados. Además de la pena de cárcel, también reclama una multa de 2,68 millones de euros y la devolución del dinero defraudado.

El actual Lleida CF intervendrá en el procedimiento para defender su posición jurídica tras los cambios estructurales que han afectado al club en los últimos años. El adjunto a la presidencia de la entidad, Marc Torres, explicó que la querella se presentó antes de que se produjera la reorganización societaria que dio lugar a una nueva entidad. 

“La querella de Fiscalía y de la Seguridad Social contra Albert Esteve y el Lleida Esportiu es anterior a la fusión. Defendemos que la responsabilidad penal no es objeto de sucesión porque el club ha cumplido la normativa”, señaló. El club solicitó durante la fase de instrucción poder intervenir en la causa y el juzgado ha aceptado que pueda presentar su propio escrito de defensa. 

Según Torres, el objetivo es dejar claro que la entidad actual no debe asumir responsabilidades derivadas de la gestión anterior. “El Lleida CF comparecerá como parte porque queremos defendernos. Consideramos que no tenemos responsabilidad penal y menos ahora”, afirmó.

Además, cabe destacar que la due diligence encargada el pasado año –y que desveló en su día SEGRE– cuando un grupo inversor estudió asumir la gestión del club, detectó un posible riesgo económico de 9,1 millones de euros, de los que cuatro millones estaban vinculados a posibles responsabilidades penales de anteriores gestores.