Lleida tiene las peores tasas de Catalunya de accidentes laborales

Lleida es la provincia catalana con el mayor índice de accidentes laborales con baja y, además, se sitúa también por encima del promedio estatal. Así lo indicó ayer CCOO al presentar el informe Balanç de Salut Laboral , que situó el índice en Lleida en 3.332 casos por cada cien mil trabajadores, frente a la media de 2.635 de Catalunya y los 2.479 del Estado en 2023. Además, afirmó que la incidencia de la mortalidad in itinere (en el camino al trabajo o de regreso al hogar) creció un 199,75% el año pasado en las comarcas leridanas, frente al 61,76% de Girona, el 4,18% de Barcelona y la reducción del 2% en Lleida. En total, las estadísticas oficiales sitúan en quince los fallecidos en accidente laboral el año pasado en la demarcación, cuatro de ellos fueron in itinere.

En Catalunya, los accidentes mortales durante la jornada laboral han subido un 48% entre 2013 y 2023, hasta las 74 víctimas ese último año, según el Informe de siniestralidad elaborado por UGT de Catalunya a partir de datos de la Generalitat. No obstante, el sindicato cifra en 120 el total de muertos en el marco del trabajo en 2023, al tener en cuenta también a los 29 fallecidos en accidentes in itinere y a los que fallecieron tiempo más tarde, a consecuencia de un accidente anterior.

Rechazo sindical a la reforma de la jubilación parcial

CCOO y UGT trasladaron ayer al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su rechazo a la propuesta sobre la reforma de la jubilación parcial que puso sobre la mesa de diálogo social por suponer un “empeoramiento” sobre la regulación actual de esta modalidad de retiro. La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, subrayó que la jubilación parcial “es una vía de salida progresiva del mercado laboral” y que la reforma de la misma debe servir para que sea “una oportunidad y no para empeorarla”. el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, a Seguridad Social que se pueda acceder a la jubilación parcial hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, dos años más de lo que plantea el inisterio de Elma Saiz.Bravo de que la propuesta del Gobierno “no tiene el apoyo de ninguno de los interlocutores sociales”. Aunque ha indicado que los objetivos son compartidos con el Ministerio, la propuesta que trasladó hace 15 días “no va” en esta línea. Así, tanto Estévez comohan reclamadoMAdemás, la responsable de UGT ha pedido que se pueda seguir concretando la jornada y que el recálculo de la pensión sea al 100% cuando el jubilado parcial se retire definitivamente del mercado laboral.“Estamos en disposición de ver sector a sector si hay alguna idiosincrasia, alguna particularidad que tiene que ser vista en la mesa, no nos negamos a ello, pero desde luego no el planteamiento que hace el Ministerio. A día de hoy lo que hace es rebajar derechos en todas las modalidades de jubilación anticipadas”, ha denunciado Estévez.Desde CCOO, ha advertidoAunque hay algún aspecto interesante en el planteamiento del Ministerio, Bravo considera que “hay elementos negativos que llevan a intentar limitar” la modalidad de la jubilación parcial, como la de mantener el tope de dos años de anticipo que estableció en su momento el Gobierno del PP, que los recortó de cuatro a dos años.Para el representante de CCOO, es necesario que, cuando la jubilación parcial vaya asociada a un contrato de relevo, se mejore la calidad del empleo de los trabajadores revistas, haciéndoles contratos indefinidos, a tiempo completo para puestos de trabajo “no amortizables”.“Esto no es una medida de relevo generacional temporal para que cuando la persona jubilada parcial salga, la persona que le sustituye pueda haber extinguido su contrato. No, se trata de que tenemos que mantener el empleo de manera clara. El Gobierno está lejos todavía de acercarse en una materia como ésta (al acuerdo)”, ha apuntado.Durante la reunión, se han abordado otros temas que llevan ya tiempo negociándose, como los coeficientes reductores de acceso a la jubilación anticipada para trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos. Los sindicatos aprecian avances en la materia, pero todavía observan diferencias “relevantes” sobre cómo medir y determinar la penosidad por sectores.En este sentido, Estévez ha denunciado que sigue quedando fuera del planteamiento del Ministerio las profesiones feminizadas que tienen unos altos ratios de penosidad, como las camareras de piso, las cuidadoras de dependientes o las trabajadoras de ayuda a domicilio. “Nosotros no vemos la posibilidad de asumir este reglamento sabiendo que la parte más grande de la población queda fuera”, ha advertido.