Se espera una buena cosecha tras las pasadas, afectadas por heladas y sequías
UP reclama medidas urgentes para garantizar el desarrollo de la próxima campaña
Ante la necesidad de unos 45.000 trabajadores, entre el campo y las centrales
UP reclama que se facilite la mano de obra necesaria para la campaña de la fruta, a punto de empezar.
Unió de Pagesos ha reclamado hoy, de cara a la próxima campaña agraria, que se solucionen las graves carencias en la aplicación de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, y también exige a las administraciones la puesta en marcha urgente de las medidas pendientes que el sindicato defiende hace años para garantizar el buen desarrollo de las campañas agrarias.
Uno de los principales escollos es que todavía no ha entrado en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores para introducir una modalidad específica de contratación temporal para el sector agrario, aunque se aprobó en marzo. Esto obliga a los agricultores a seguir aplicando contratos fijos discontinuos, una fórmula que "se demuestra ineficiente y desproporcionada" para las características de la actividad agrícola.
Según UP, esta situación se convierte especialmente en crítica este año, dada la previsión de una buena campaña de fruta, después de años marcados por la sequía del 2023 y las heladas del 2022.
Con la recuperación de la necesidad de mano de obra, el sector necesita incorporar a cerca de 45.000 trabajadores (30.000 personas en el campo y 15.000 en las cámaras). Sin embargo, muchas de estas plazas no se pueden cubrir, ya que personas dispuestas a trabajar se encuentran en situación administrativa irregular y, por tanto, no pueden ser contratadas legalmente.
Ante esta realidad, UP exige el despliegue urgente del nuevo Real Decreto de Extranjería, que debe incluir permisos excepcionales de trabajo para las personas que acrediten residencia en el Estado y dispongan de una oferta laboral, como hace años que propone el sindicato.
UP manifiesta que esta medida cuenta con un amplio apoyo institucional, como han expresado recientemente tanto el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, como representantes del Govern.
En paralelo, el sindicato denuncia los numerosos controles a los agricultores, ya que durante el 2024 se realizaron más de 500 inspecciones laborales en los campos, aunque menos del 1% terminaron con sanción.
Para el sindicato agrario "si bien es imprescindible velar por la seguridad y los derechos de los temporeros", considera que este control no puede derivar en un perjuicio para las explotaciones que actúan correctamente.
En cuanto a las condiciones de alojamiento, el sindicato alerta que, a pesar de haberse publicado recientemente el orden de las ayudas para alojamientos de temporeros, la convocatoria todavía no se ha hecho efectiva, como ya ocurrió en 2024. La última convocatoria data de 2023, lo que compromete gravemente la capacidad de las explotaciones para acoger a los trabajadores.
Por este motivo, UP reclama que se publique de forma inmediata la convocatoria. En contraposición, el sindicato celebra que ya se hayan publicado los planes ocupacionales, ya en 2024 no se convocaron hasta julio. Estos planes son claves para garantizar el soporte en la contratación y el alojamiento durante la campaña.
