LABORAL
Moncloa plantea un acuerdo salarial a los funcionarios
Hasta 2028, con parte fija y variable para no perder poder adquisitivo. Sindicatos piden una subida diferenciada en 2025
Los funcionarios leridanos en una protesta para exigir mejoras. - CCOO
El Gobierno central trasladó ayer a los sindicatos su intención de establecer un marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable para que los empleados públicos “no pierdan poder adquisitivo”, aunque no se concretaron cifras. En la primera reunión con CCOO, UGT y CSIF tampoco se puso sobre la mesa como se piensa solventar la subida para este 2025, en el que los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos, entre ellos cerca de dos mil leridanos, siguen congelados. Los sindicatos reclaman que haya una subida salarial diferenciada y con caracter retroactivo desde enero.”No estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero”, ha incidido la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. La negociación, en la que también se reclaman medidas para mejoras las condiciones de los funcionarios en ámbitos como el teletrabajo, el refuerzo de las plantillas, la mejora de las condiciones de la jubilación parcial y anticipada o una jornada semana de 35 horas, llega después de que la semana pasada se llevara a cabo protestas en todas las provincias, incluida Lleida, y se amenazaran con una huelga.
La patronal se niega a ampliar a 10 días el permiso por defunción
� La CEOE rechazó ayer la ampliación del permiso de fallecimiento desde los dos días actuales (4 en caso de desplazamiento) hasta diez días hábiles porque tiene un coste inasumible para las empresas. Así lo explicó ayer la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, al término de una reunión entre el ministerio de Trabajo, la patronal y sindicatos para abordar esta ampliación, así como la creación de dos nuevos permisos para los cuidados paliativos y la eutanasia. Por ello, aunque UGT está abierto a trabajar para el acuerdo tripartito, también apuesta por que el Gobierno legisle y avance. Sobre los permisos para cuidados paliativos, Trabajo se habría abierto a estudiar que una parte del coste lo cubriera las arcas públicas.
