Las cabinas y guías telefónicas, a punto de desaparecer al dejar de ser obligatorias

Las (pocas) cabinas telefónicas que quedan en la vía pública tienen los días contados. Y es el Gobierno central ha modificado el real decreto que regula el servicio universal de telecomunicaciones para suprimir la obligatoriedad de garantizar una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, así como la existencia de las guías telefónicas. En el texto, que a modo de borrador está en exposición pública hasta el próximo día 24, el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital argumenta que “la situación actual del sector de las telecomunicaciones electrónicas permite constatar que algunas de las prestaciones incluidas en el servicio universal van decayendo en un progresivo desuso: la existencia y puesta a disposición de las guías telefónicas” y “la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago”. De hecho, remarca que “la generalización de la cobertura y uso de los servicios de telefonía y datos móviles han hecho que la utilización de las cabinas telefónicas haya disminuido sensiblemente respecto a años anteriores”.

El ministerio apunta que otros países europeos ya han optado por esta medida y recuerda que viene avalada también por el hecho de que el nuevo marco normativo de la UE en esta materia (el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas) no contempla los teléfonos públicos de pago como parte del servicio universal. Además, respecto al servicio de consulta telefónica sobre números abonados, el borrador indica que “en los últimso años no se ha venido designanco operador encargado de su prestación al haberse constatado que se trata de un servicio cuya demanda está suficientemente garantizada en el mercado”.

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya recomendó en 2016 al Gobierno central revisar la conveniencia de mantener las cabinas dentro de la obligaciones del servicio universal de las telecomunicaciones, que exige que haya al menos un teléfono público de pago en localidades de 1.000 habitantes o más y uno por cada 3.000 vecinos. Ese año, en Lleida capital hay 42 puntos de teléfonos públicos y unos 150 en toda la provincia.