VIVIENDA NORMATIVA
Nuevo marco para el alquiler
La nueva Ley de Arrendamientos, que amplía a cinco años el plazo de vigencia del alquiler de una vivienda, no convence ni a los propietarios ni a los inquilinos || La normativa no limita los precios y agentes del sector inmobiliario creen que se continuarán incrementando
Un cartel anunciando el alquiler de viviendas, ayer en una calle de la capital.
El pasado miércoles entró en vigor la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que, entre otros aspectos, amplia la duración mínima de los contratos de alquiler de 3 a 5 años, limita la fianza a dos mensualidades o amplía a 3 años la prórroga del contrato, pero que no resuelve el principal problema con el que se pueden encontrar los ciudadanos que quieran buscar una vivienda de alquiler: la limitación del precio. La nueva LAU no contempla ningún tipo de tope del precio del alquiler, uno de los principales motivos por los que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo de Podemos, decidió impulsar una nueva legislación. Por otro lado, los propietarios se quejan de la ampliación a cinco años de la vigencia del contrato y auguran que eso encarecerá ya de entrada el premio.
“Como parte positiva, la nueva ley garantizará la estabilidad del inquilino al aumentar a cinco años el plazo mínimo de un contrato, pero por otro lado también deja fuera del mercado a los propietarios que quieren alquilar su vivienda a corto plazo”, señala el director comercial de Finques Farré, Jordi Piqué. “Además, estamos en un momento alcista del precio del alquiler y lo normal es que se pida más, por lo que puede dar lugar a más especulación. En general, creo que la ley tendrá el efecto contrario de lo que pretende y subirán los precios, aunque ojalá me equivoque”, concluye Piqué.
“La nueva ley provocará el efecto contrario de lo que pretende y subirán precios”, dice un experto del sector
La entidad cree que “sus efectos positivos tardarán años en notarse” y que “no tiene retroactividad”
Una opinión que comparte Joan Manuel Nadal, abogado de la Cámara de la Propiedad Urbana, que sentencia que “para mí esta nueva ley no sirve de nada. Lo más sustancial que hace es volver a la duración mínima de cinco años, algo que ya estaba así en su momento y lejos de comportar una moderación de los precios comportará un efecto totalmente contrario. Lo que es seguro es que no bajarán, aunque Lleida no será de las ciudades que más lo note”, alerta Nadal. En este sentido, señala que “lo más importante de esta nueva ley es que cambias la mentalidad de la propiedad”. “Cuantas más obligaciones pones a los arrendadores, más dificultades tienen para poder poner sus viviendas en alquiler y, como consecuencia, el precio se encarece y eso es un error, un clarísimo error. Estábamos mejor cuando el límite mínimo era de tres años”, opina Nadal, al mismo tiempo que alega que “no se puede regular el precio porque no tiene sentido en el libre mercado”. “Otra cosa es que el Estado te dé garantías y se ayude al inquilino, pero no se pueden imponer topes en una economía libre”, concluye el abogado de la Cámara de la Propiedad Urbana.
En este sentido, el presidente del gremio de constructores y de la Confederación de Organización de Empresas de Lleida, Josep Maria Gardeñes, apeló a la responsabilidad de los propietarios de “poner unos precios razonables y competitivos para evitar que se genere otra burbuja inmobiliaria”.
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