ENSEÑANZA TRIBUNALES
El TSJC da quince días a Educación para aplicar el 25% de castellano en las aulas
Cambray ve el auto “aberrante” y dice a los colegios que no hagan ningún cambio
Una pancarta contra el 25% de castellano en una de las últimas manifestaciones de docentes en Lleida.
La Generalitat tiene 15 días para aplicar el 25% de castellano en todos los centros educativos catalanes, según indicó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluya. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, calificó el auto de “aberrante”, anunció que recurrirán y dijo a las direcciones de los centros que no cambien su proyecto lingüístico.
El TribunalSuperior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó ayer a la Generalitat el cumplimiento immediato de la sentencia del 25% de castellano en todos los centros educativos y le da 15 días para que dicte instrucciones para impartir una asignatura troncal en esta lengua. De este modo, estima parcialmente la petición de la Asamblea para la Escuela Bilingüe.
El tribunal declaró firme la sentencia el pasado 21 de enero y abrió un periodo de dos meses para aplicarla. Por su parte, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció que los servicios jurídicos de la Generalitat ya trabajan en un recurso contra “este auto aberrante a nivel pedagógico y jurídico”, emplazó al “máximo consenso político, social y pedagógico para defender la lengua y el modelo de escuela catalana” y lanzó un “mensaje de tranquilidad” a las direcciones de los centros. “Les daremos un escudo jurídico legal.
Que sigan trabajando con calma estas semanas de recta final de curso sin hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos”, subrayó. Incidió en que “un tribunal no puede decir cómo ejecutar una sentencia” y destacó que hubo dos votos particulares entre los cinco magistrados. En concreto, el TSJC ordena requerir al conseller de Educación que el plazo máximo de quince días “dicte las instrucciones y establezca las garantías de control que convenga con la finalidad de que en el sistema educativo de Catalunya todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.
El auto también requiere a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia y que informe al tribunal de la actividad desplegada cuando acabe el plazo de ejecución fijado. Además, apunta que la Generalitat “no está en su libertad de actuar y permitir una situación contraria al mandado constitucional”. El TSJC ha desestimado la petición de ejecución forzosa de Vox y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad.
Rebaja del precio de las carreras universitarias
El depatamento de Universidades detalló ayer la rebaja del precio de las carreras, la tercera consecutiva, que recientemente aprobó el Parlament. Así, a partir del próximo curso solo habrá dos niveles de tasas, puesto que se suprime el C, el más caro, que engloba grados de ciencias de la salud e ingenierías. Este nivel y el B, el medio, se fusionan y el precio por crédito será de 18,46 euros, igual que el de los másteres habilitantes (obligatorios para ejercer, como los de Secundaria, abogados o arquitectos).Con este cambio, un alumno de Medicina pagará 553 euros menos, una rebaja del 30%, y uno de Periodismo, que es de nivel medio, se ahorrará 395, un descenso del 26%.
Asimismo, se mantiene el nivel A, el de grados de experimentalidad baja, cuyo coste seguirá en 17,69 euros por crédito. Tampoco varía el del resto de másteres oficiales, que es de 27,67 euros. Además, los estudiantes de familias en situación económica vulnerable optarán a precios inferiores a 6 euros en los grados y de 15 en los másteres habilitantes.
La consellera de Universidades, Gemma Geis, dijo que el objetivo es que “nadie decida la carrera según sus posibilidades económicas”. Por otra parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, presentó ayer el borrador de la nueva ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que prevé llevar al Consejo de Ministros “en las próximas semanas” para que sea aprobada en esta legislatura. La ley pretende acabar con la precariedad laboral, estabilizar el sistema y rejuvenecer las plantillas, ya que la edad media de los doctores es de 40 años y el resto, de entre 45 y 46 años.
El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% de la plantilla, los profesores asociados tendrán limitada la docencia a 120 horas y el contrato de los profesores visitantes se limitará a dos años. Asimismo, la norma mejora la financiación pública, con el fin de llegar al 1% del PIB, e incluye la posibilida de ofertas. títulos propios, “incluidos los de formación a lo largo de la vida”, en distintas modalidades de enseñanza como microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”, de entre 4 y 40 créditos.
USTEC insta a “no pasar la patata caliente” a los centros
La portavoz de USTEC-STEs, Iolanda Segura, afirmó que Educación “no puede pasar la patata caliente a los centros dando margen de flexibilidad a la hora de aplicar los proyectos lingüísticos”. La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, lamentó que las “garras de la justicia sigan atacando” y la consellera Gemma Geis quiere “una respuesta de país”. La CUP cree que “es la hora de la desobediencia” y el PSC, dice que Junts “antepudo sus intereses y este es el resultado de no hacer política”, en referencia al acuerdo para modificar la ley de Política Lingüística del que se desvinculó.
