SANIDAD
Salud recula tras plantear incentivos a médicos de los CAP por dar altas
El ICS propuso que cobren más por aceptar entre el 50% y 80% de las que proponen las mutuas laborales. Descartó la medida horas después ante el rechazo general

Foto de archivo de una manifestación de médicos en Barcelona durante la huelga de enero de 2023. - ACN
El departamento de Salud da marcha atrás y finalmente no dará incentivos económicos a los médicos de los CAP para que acepten tramitar entre el 50% y 80% de las altas solicitadas por las mutuas laborales. Según avanzó ayer Catalunya Ràdio, el Institut Català de la Salut (ICS) planteaba incluir esta medida dentro de las direcciones por objetivos (DPO), los complementos en el sueldo de los equipos de Atención Primaria por cumplir una serie de metas asistenciales. Sin embargo, el departamento reculó y descartó la propuesta solo unas horas después a causa del rechazo frontal de médicos, sindicatos y partidos, que la calificaron como una “perversión del sistema” por priorizar criterios económicos sobre los clínicos. Fuentes del ICS confirmaron que finalmente “no habrá un objetivo destinado a incentivar que los facultativos incrementen el número de altas”.
Lourdes Franco, secretaria de Atención Primaria de Metges de Catalunya, valoró que “incitar económicamente que se alcance un número de altas no es deontológico y la mayoría acabarían siendo forzadas”. De hecho, explicó que ella, médica de familia, rechaza la mayoría de altas que solicitan las mutuas. Asimismo, afirmó que la medida “acabaría afectando negativamente a la relación entre los médicos y pacientes, hay una crispación general y ya sufrimos suficientes agresiones”. La secretaria del sindicato mayoritario entre los facultativos añadió que “la infradotación de personal que sufre el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) no se puede suplir traspasando sus competencias a los médicos de familia, que tampoco disponen de los recursos y el tiempo necesarios para asumir estas funciones”. Al respecto, explicó que el control de las incapacidades temporales (bajas laborales) que duran más de un año se trasladó del ICAM a los CAP desde hace más de un año.
Por su parte, el sindicato de enfermería Satse tildó el proyecto de “peligro para la salud del usuario y la calidad de la asistencia sanitaria”, y destacó que alcanzar el porcentaje de altas no solo suponía un incentivo económico para los facultativos, sino que repercutía en el cobro de las DPO de todo el equipo de los centros.