Avisan a la privada de que no puede cobrar cuotas ‘ilegales’

La Síndica de Greuges avisó ayer a las escuelas concertadas que no pueden cobrar a las familias “cuotas impropias”. Una advertencia que hizo tras recibir 24 quejas este año por este motivo, en que familias se quejan que algunas escuelas han sustituido una aportación voluntaria y vinculada a la fundación por una cuota anual bajo el concepto de “servicios generales” o “mantenimiento del proyecto educativo”, que se aplica sin poder rechazar. A su vez, las familias también denuncian que en los recibos mensuales no se desglosan cuáles son estos servicios por los que se les cobra. Por ello, la Síndica recordó que los gastos de la educación deben quedar cubiertos por concierto, y que para el resto de servicios que ofrecen, los gastos deben aparecer desglosados y cada familia debe pagar los servicios que utiliza y que no puede aplciarse una cuota general. En su respuesta a las quejas la Síndica remarcó que la ley de Educación establece que las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria son gratuitas y que no se puede imponer la obligación de hacer aportaciones económicas a los centros ni vincular la escolarización a la obligatoriedad de recibir un servicio escolar adicional que requiera de un pago extra para las familias.

La concertada dice que aplican copagos por la falta de recursos

La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) criticó ayer que las escuelas de iniciativa social “solo” reciben el 14% de los recursos de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI), cuando escolarizan al 30% del alumnado con necesidades educativas específicas asociadas (NESE A). Así lo aseguró su presidente, Santi Giménez, y su predecesora en el cargo, Mar Pla, que recordaron que la escuela de iniciativa social escolariza a 345.000 alumnos y, de estos, 30.000 tienen diferentes discapacidades o trastornos y más de 60.000 tienen necesidades socioeconómicas. “Asignan a los niños con necesidades especiales, pero no los recursos”, dijo Giménez, lo que “genera una discriminación”. Por su parte, Pla, criticó la infrafinanciación de la concertada, lo que obliga a las familias a asumir un copago medio del 30% del coste real de la plaza escolar.