El Parlament reconoce la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones
PSC, Junts, PPC, Vox y AC han votado a favor, mientras que ERC, Comuns y la CUP ven un "retroceso" y alertan de que "no aportará ninguna solución" en los centros

Una protesta a las puertas de la prisión de Lleida en una imagen de archivo. - Jordi Echevarria
El Parlament de Catalunya ha aprobado finalmente este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido el voto favorable Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, los Comuns y la CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada. Estos grupos han visto un "retroceso" y han alertado de que "no aportará ninguna solución" en los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en la prisión de Mas d'Enric, a manos de un interno.
Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es "dar seguridad y protección jurídica" a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya luto o negligencia. En representación del PSC, la diputada Judit Alcalá ha defendido que se trata de una iniciativa "muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable, lo cual no nace de la improvisación ni del ruido, sino de la realidad de nuestro sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores".
Por parte de Junts, el diputado Francesc de Dalmases ha sostenido que "las prisiones tienen que ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse". Por eso, ha añadido que "tienen que ser espacios seguros, de convivencia, de rehabilitación e inserción", y que "los funcionarios son una figura clave en este mapa".
El diputado del PPC ha justificado el voto favorable, pero ha lamentado que la reforma es insuficiente. "Ahora mismo, la cocinera Núria López, asesinada en Mas d'Enric, no tendría la condición de agente de la autoridad", ha puesto de ejemplo. También ha citado otros casos como un monitor de un taller de manualidades que puede recibir una agresión, o un monitor deportivo.
El diputado de Vox Sergio Macián también la ha considerado poco ambiciosa, y ha afirmado que se tiene que dotar a los trabajadores con armas de coerción. Y se ha dirigido al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, a quien ha advertido que, "mientras no ponga remedio al límite que se vive en las prisiones catalanas, con medidas concretas y tangibles, Usted y su equipo serán responsables de las agresiones que sufran".
La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el banco izquierdo. "Lo que pretendemos no es dar más bienestar a violadores y ladrones, señora Balsera, sino mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quien custodia y rindió a todos estos malhechores", ha respondido a la diputada de ERC Ana Balsera.
ERC, Comuns y CUP, en contra
Justamente Ana Balsera ha alertado de que la reforma aprobada este jueves "no es la solución" y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. En este sentido, la diputada republicana ha lamentado que esta "ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver". En la misma línea, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha señalado que "considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros". Y ha remachado: "Hay muchos más riesgos que posibles beneficios".
Finalmente, el diputado de la CUP Xavier Pellicer se ha amparado en entidades de derechos humanos para indicar que la medida "sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos". Ha denunciado que "responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las prisiones catalanas".