JUSTICIA
33 agresiones a funcionarios en un solo año en la cárcel de Lleida
El sindicato CSIF denuncia que la cifra evidencia la “conflictividad persistente”

Protesta convocada por el CSIF el pasado 21 de enero en Ponent. - AMADO FORROLLA
El año pasado hubo 33 agresiones a empleados del Centre Penitenciari Ponent, según el sindicato CSIF, que afirma que esta cifra “evidencia una conflictividad persistente”. De estos episodios hubo 32 leves y uno grave y son dos más que en 2024 pero doce menos que en 2023, cuando se alcanzaron los 45 casos. El sindicato considera que las agresiones “no pueden ser interpretadas como hechos menores, sino como indicadoras claros de tensión estructural y riesgo potencial. La repetición de este tipo de incidentes refleja un entorno en el conflicto que forma parte de la dinámica cotidiana y pone de manifiesto que la prevención actual no es suficiente para reducir de forma efectiva la violencia hacia el personal”. Por meses, hubo 14 casos en enero. La tensión bajó en los siguientes con dos casos en febrero, uno de ellos el de carácter grave, y ninguno en marzo.
En Catalunya, en 2025 se registraron entre 677 y 699 agresiones al personal , según los datos oficiales del departamento de Justicia o los de los sindicatos, respectivamente, frente a las 608 de 2024. Del total de agresiones registradas, hubo casi medio centenar de graves, un 40% menos que el año anterior. El CSIF denunció los cambios en la forma de presentar y contabilizar los datos oficiales, como la eliminación del ítem de tentativa de agresión, lo que dificulta la comparación con años anteriores y “distorsiona la percepción real del problema”.
Reforma para que sean reconocidos como agentes de la autoridad
■ El Parlament aprobó la semana pasada la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d’Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que recibió el voto favorable de Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d’Enric a manos de un interno. El objetivo, según el texto, es “dar seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores.