Más de la mitad de casas de l’Horta de Lleida no pueden reformarse al estar en situación ilegal: “muchas viviendas son autoconstrucciones de baja calidad”

En las partidas de l’Horta de Lleida hay unas 3.100 casas, de las que más de la mitad no se construyeron legalmente al ser posteriores a la ley de 1956, que definía la zona como no urbanizable. Los vecinos reclaman soluciones a la Paeria y la Generalitat para regularizar la situación de las viviendas, ya que no se pueden reformar y su valor baja a la mitad.

Los vecinos de l'Horta de Lleida reclaman poner solución a la situación de cientos de casas unifamiliares (torres) que se construyeron ilegalmente en suelo no urbanizable a partir de 1956 y, por tanto, no pueden recibir permisos para abordar rehabilitaciones o reformas integrales. La comisión territorial de l'Horta ha instado varias veces al ayuntamiento a “buscar una fórmula para que la Generalitat acepte regularizarlas” a través del nuevo plan de ordenación urbana municipal (POUM), pero “no vemos que aporte una solución clara, sino planes para las viviendas que ya son legales”, explica el presidente de la comisión vecinal, Francesc Montardit. “Es una patata caliente tanto para los vecinos como para la Paeria, esperamos que se encuentre un encaje pronto”, valora.

En l’Horta está permitida la construcción de edificios y viviendas vinculadas a la actividad agrícola o ganadera, pero las casas que no lo acrediten solo están legalmente implantadas si son anteriores a la ley del Suelo de 1956 o bien son fruto de una modernización que cumpla ciertos requisitos. No obstante, todas cuentan con cédula de habitabilidad y los vecinos pagan el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) que corresponde, señala Montardit. En las 52 partidas hay alrededor de 3.100 casas, de las cuales unas 1.700 con personas empadronadas, según el último plan de usos de l’Horta (2017). El documento indica que solo 840 viviendas son anteriores a 1956, por lo que el número de las irregulares dobla con creces al de las legales, con toda seguridad.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya constata que “casi no nos llegan” proyectos de rehabilitaciones en l’Horta porque solo se pueden acometer “si tienen licencia”, así como que “muchas de las viviendas son autoconstrucciones de baja calidad en las que nunca ha intervenido un arquitecto”, señala el presidente de la delegación leridana, Lluís de la Fuente. Valora que “l’Horta no debe estar llena de viviendas de nueva construcción, que en muchos casos requieren servicios municipales en lugares donde no se pueden ofrecer y generan problemas”, como la dificultad de acceso para vehículos de emergencias. Matiza que “aquellas realmente vinculadas a la agricultura o ganadería tienen sentido, pero hay demasiadas y ya no se autorizan, por lo que acaban pagando justos por pecadores”.

Por su parte, los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) explican que el valor de una casa irregular de l’Horta puede bajar hasta la mitad del que sería su precio en una urbanización consolidada, ya que “en estos casos, los bancos solo financian hasta el 50% de su valor en las hipotecas”, afirma el presidente del colegio de API de Lleida, Josep Maria Esteve. También señala que varias viviendas están catalogadas como almacenes, por lo que “en caso de expropiación, se valorarían como tal”.

Junts reclamó un plan especial y el Parlament lo rechazó

El grupo parlamentario de Junts presentó alegaciones al decreto ley 2/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo para reclamar que los ayuntamientos puedan regularizar, a través de planes especiales, viviendas diseminadas ubicadas en suelo no urbanizable. Esta enmienda, destinada principalmente a l’Horta de Lleida, señalaba que “los sectores de diseminados periurbanos colindantes o envolventes de la trama urbana y que configuren de forma efectiva la red urbana del municipio y en el que se sitúen construcciones destinadas a vivienda habitual podrán ser objeto de regulación singular unitaria mediante planes especiales”. Asimismo, detallaba que los planes no podrían alterar la clasificación del suelo (rústico), pero sí admitir el uso de viviendas no vinculadas directamente a actividades agrícolas. La iniciativa fue rechazada en comisión a finales del año pasado con los votos en contra de PSC, ERC y Comuns. El decreto ley fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el 26 de febrero de 2025.