La polémica por el título de Casado empaña la investidura del sucesor de Cifuentes

La primera sesión de la investidura del popular Ángel Garrido en la Asamblea de Madrid quedó ayer relegada a un segundo plano por las nuevas averiguaciones sobre la licenciatura en Derecho que obtuvo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en el Centro Cardenal Cisneros, asociado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En este sentido, tras conocerse que aprobó media carrera entre junio y septiembre de 2007, ayer salió a la luz que la presidenta del Patronato de esta institución vinculada a la UCM en aquel momento era Lucía Figar que, como Casado, fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid por el PP en las elecciones de aquel año. Además, en ese momento, era consejera regional de Educación, siendo presidenta Esperanza Aguirre, que fue acusada el miércoles de presionar para que se le dieran facilidades a Casado a la hora de aprobar las asignaturas que tenía pendientes. Así, según El Plural, Figar, que en 2015 fue imputada en Púnica, era la encargada de nombrar al director del Centro Cardenal Cisneros o aprobar las propuestas de contratación del profesorado, entre otras atribuciones. Pese a esto, el presidente del PP en la Comunidad de Madrid, Pío García-Escudero, defendió ayer, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que Casado está en condiciones de ser candidato en las autonómicas madrileñas del año que viene. Además, dijo que cuenta con él en la dirección regional de los populares. También el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo vaticinó que su compañero de filas “saldrá reforzado” de la polémica sobre sus estudios. Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que su partido “no tiene nada que ver” con la filtración sobre los estudios de Casado e instó a los populares a pedirle explicaciones a su correligionario, “que es el que las debe dar”.

Por otro lado, la jueza que investiga las presuntas irregularidades en las calificaciones del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) imputó ha imputado en el caso a otros tres profesores. Entre ellos está Pablo Chico de la Cámara, quien habría ordenado a la funcionaria Amalia Calonge, también investigada, cambiar las notas de la exdirigente popular en 2014. Asimismo, la instructora ha imputado también a un compañero de clase de Cifuentes, cuyo nombre figura en las actas de convalidación falsificadas.

Villar Mir niega haber pagado comisiones a Ignacio González El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir manifestó ayer que no pagó 2,5 millones de dólares al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que le adjudicara el proyecto del tren de la localidad de Navalcarnero en 2007. A este respecto, defendió, ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, que su oferta era la mejor y que la adjudicación fue legal. Sin embargo, Villar Mir admitió sus sospechas de que alguien desvió esa cantidad desde dentro de la multinacional en beneficio propio. En este sentido, no aportó más detalles y señaló que sus abogados están investigando el pago. En la misma línea, el exconsejero de la constructora y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, explicó que nunca supo de los pormenores de la adjudicación del contrato de Navalcarnero y que, en ningún caso, participó en el pago de comisiones ilegales.