PANORAMA
El Supremo cierra la instrucción del 1-O y envía a juicio a los 18 acusados por el 'procés'
Por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, así como por desobediencia || El Alto Tribunal insta a las acusaciones, Fiscalía y abogados del estado a formular sus escritos de acusación
Imagen de archivo de los exconsellers del PDeCAT procesados, Jordi Turull y Josep Rull.
El Tribunal Supremo dictó ayer dos autos con los que confirma el cierre de la instrucción sobre el Procés en Catalunya, que efectuó el juez Pablo Llarena, y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos. La Sala ratificó también el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente catalán, Artur Mas, la exdirigente del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Associació de Municipis Independentistes (AMI), Neus Lloveras, y da un plazo de 5 días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por VOX para presentar su escrito de calificación.
Las resoluciones dan paso al juicio que empezará, según se prevé, en enero y en el que 7 magistrados juzgarán a Junqueras, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, solo imputada por el primer delito. También los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, procesados por desobediencia y malversación. La expresidenta de la CUP, Mireia Boya, y los que exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también serán juzgados por desobediencia. Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, la dirigente de ERC, Marta Rovira, y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, no lo serán al estar en el exilio.
La Fiscalía de la Audiencia pide una prórroga para presentar su texto contra el Major Trapero
Al conocer la noticia, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, la consideró una “vergüenza del Estado”. También restó importancia a las palabras de Sánchez el miércoles en las que recordó que, en 1994, el entonces portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, defendió una enmienda al Código Penal en que limitaba el delito de rebelión a militares o grupos armados. Ante estas declaraciones, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, criticó que Sánchez “sugiera que el 1-O escape del delito de rebelión” y lo atribuyó al “pago al independentismo” por los presupuestos.
Sobre la revisión del delito de rebelión, la ‘número dos’ del PSOE, Adriana Lastra, afirmó desconocer si en esta legislatura, el Gobierno propondrá reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos actuales. Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió el diálogo de España con los independentistas para resolver la crisis en Catalunya argumentando al PP que, en el gobierno de Aznar, este “negoció con ETA”.
Por su parte, Òmnium pidió a Sánchez que inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones a los presos, de lo contrario, expresó, significará que va “de la mano” de VOX y “de la extrema derecha”.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer una prórroga sobre el plazo para presentar su escrito de acusación contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.
