Òmnium cifra en 2.500 los independentistas represaliados desde septiembre de 2017
Pide a la sociedad que no olvide los motivos de la lucha
Una imagen del acto de Òmnium.
Òmnium Cultural, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia y Alerta Solidaria han cifrado en unas 2.500 las personas supuestamente represaliadas por su lucha independentista desde septiembre de 2017. Lo aseguran basándose en varias fuentes de entidades públicas y sociales y engloban a las personas condenadas, exiliadas, encarceladas preventivamente, detenidas, investigadas y heridas, entre otros. Por eso, han pedido el fin de esta "represión" sin embargo, al mismo tiempo, no olvidar los motivos políticos de la represión, que es la lucha por la independencia de Cataluña.
En este recuento se incluyen los 12 condenados por el Tribunal Supremo, los siete políticos exiliados en Bélgica, Suiza y Escocia, Adrià Carrasco y el rapero Valtònyic, también exiliados, cerca de 300 detenidos, 712 alcaldes investigados inicialmente, 40 investigados entre los de Instrucción 13, la Audiencia Nacional y los síndicos electorales, 18 profesores investigados, 18 personas investigadas para clonar webs clausuradas, doce encarcelados contando los siete CDR del 23-S y cinco por las manifestaciones post-sentencia, y unos 1.400 heridos entre el 1-O y las manifestaciones posteriores a la sentencia. Además, se han clausurado 144 webs, y las entidades han recordado que buena parte de los afectados no han presentado denuncia.
El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, dice que la cifra sólo es comparable con el franquismo, mientras que el exdiputado de la CUP David Fernández cree que el Estado está aplicando la misma "plantilla" que en el País Vasco. Por eso, Mauri ha pedido que el gobierno español, si se quiere definir como "progresista y defensor de los derechos humanos" tiene que acabar con esta represión policial y judicial, aparte de dialogar políticamente con el independentismo. También lo ha instado a despolitizar el sistema judicial y a escuchar lo que dicen instituciones internacionales como la ONU o Amnistía Internacional. "Lo que pasa en Cataluña es un conflicto político, no un problema de convivencia o de orden público", ha remachado.
Anaïs Franquesa, de Irídia, ha dicho que se está reprimiendo la disidencia y ha querido dejar claro que el ejercicio de los derechos humanos "no es un problema de orden público".
Xavier Pellicer, de Alerta Solidaria, ha opinado que la vulneración de derechos es un "apéndice" de la represión política, porque, según él, el estado quiere que el independentismo hable de esta vulneración de derechos y no del conflicto político. Según Pellicer y Fernández, la represión de la disidencia política no es nueva, sino que ya hace "décadas" que se aplica a varios movimientos sociales, de los cuales han puesto varios ejemplos. La diferencia con ahora es "la escala" con la cual se utiliza, ya que, según Fernández, ahora se aplica contra al menos el 48% de la población. Pellicer también ha asegurado que las malas praxis policiales o judiciales no son sólo manzanas podridas, sino prácticas "sistemáticas", no perseguidas e incluso protegidas por el propio sistema, gracias a una triple impunidad: judicial, mediática y gubernamental. De hecho, Fernández ha explicado que buena parte de los mandos policiales del 1-O han sido ascendidos, condecorados o pensionados.
Fernández también cree que la represión se aplica también con el uso de fondos reservados, las "cloacas del Estado", la persecución de los mensajes independentistas en el extranjero o la aplicación de fianzas en algunos investigados judicialmente.
En todo caso, Pellicer cree que si hay represión política es porque la lucha y la solidaridad son "potentes". Fernández ha añadido que la represión ha "fracasado" porque el independentismo no ha perdido apoyo electoral. En este sentido, Fernández se ha mostrado convencido de que las instancias internacionales darán la razón al independentismo de aquí a seis u ocho años, pero espera conseguirlo antes. Pellicer ha instado a la ciudadanía a conocer sus derechos para reivindicarlos y a ser proactiva para denunciar las vulneraciones.
