Cinco años de la tragedia del 17-A

Catalunya revive hoy una de sus jornadas más tristes, la que causó un comando yihadista que acabó con la vida de 16 personas en las Rambles de Barcelona y en Cambrils, entre ellas la de un niño cuya familia estaba muy ligada a Llimiana. Además, otras 140 personas resultaron heridas, pero la Audiencia Nacional reconoce a 355 personas afectadas por no solo por lesiones físicas sino también por daños psicológicos, en la sentencia en la que ha condenado a los miembros del comando que sobrevivieron. A día de hoy, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo, entidad que asesora a afectados por terrorismo, no ha logrado contactar con unas 250 de ellas para comunicarles que la resolución les ha reconocido.

Del total de víctimas, solamente 130 recibirán indemnizaciones, con un montante que el Estado cifra en 7,2 millones de euros.El juicio se alargó durante 32 sesiones entre noviembre de 2020 y febrero de 2021: la sentencia de la Audiencia Nacional impuso penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, pero después de un recurso rebajó las condenas más altas en 10 años cada una, habiendo ya fijado un límite máximo de cumplimiento de 20 años de prisión.Ninguno de ellos ha sido condenado por los asesinatos en las Rambles de Barcelona –en el que un miembro del comando embistió mortalmente a quince personas con una furgoneta alquilada y mató a otro hombre acuchillándolo– y el paseo marítimo de Cambrils porque el tribunal considera que no participaron ni estuvieron al corriente de estos ataques. El conductor de la furgoneta murió abatido por los Mossos d’Esquadra cuatro días del atropello tras una persecución contrarreloj en un campo de Subirats, mientras que los autores del ataque en Cambrils fueron abatidos en su huida después del atentado.Chemlal y Oukabir fueron condenados por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y estragos en tentativa de carácter terrorista, además de 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. El tribunal consideró que los acusados no tenían intención de matar con la explosión del 16 de agosto de la casa de Alcanar, que albergaba material explosivo que iba a ser usado para atentar.

Dos miembros del comando murieron en la deflagración.Ahora las partes pueden llevar el caso al Tribunal Supremo con un nuevo recurso. Las tres defensas del caso ya han anunciado sus recursos de casación y también lo han hecho tres acusaciones: una que representa a mossos heridos, una que representa al padre del niño asesinado por los atentados –vecino de Rubí pero vinculado a la localidad de Llimiana–, y otra de otra víctima. El camino judicial del caso podría continuar, si las partes lo promueven, con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.Barcelona recordará hoy a las víctimas entre homenajes y protestas.

El ayuntamiento ha convocado un acto institucional en el Pla de l’Ós de las Rambles. La alcaldesa, Ada Colau, encabezará la comitiva, en un acto en el que también participarán el president del Govern, Pere Aragonès, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En representación del Parlament acudirá la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp, y no la presidenta suspendida Laura Borràs.

Varias asociaciones ciudadanas de víctimas de organizaciones terroristas se han desmarcado y han convocado un homenaje y a las víctimas y un acto de protesta paralelos.En Cambrils, el homenaje será mañana ante el Memorial por la Paz, el punto en el que la madrugada del 18 de agosto de 2017 se perpetró el ataque que acabó con una muerta, 7 heridos y cinco terroristas abatidos.

El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, el leridano Josep Maria Estela, afirmó ayer que lo sucedido en los atentados de Barcelona y Cambrils “ha servido para tirar adelante acciones de prevención y detección y de coordinación entre cuerpos policiales” para evitar que algo así vuelva a ocurrir. “Los responsables de los atentados no venían de fuera. Habían crecido en nuestra casa y formaban parte de nuestra sociedad, y hubo un proceso de radicalización que no supimos detectar”, dijo en una entrevista a NacióDigital.

Recordó que Catalunya mantiene la amenaza terrorista en un nivel 4 sobre 5. Estela, que en el momento de los hechos era el jefe de la región policial de las Terres de l’Ebre, afirmó que la explosión en una vivienda de Alcanar un día antes del atentado en Barcelona les hizo sospechar y que, a medida que pasaban las horas, “se reforzaba la posibilidad de que allí pasaba algo relacionado con la fabricación de artefactos explosivos”. Interpelado por si el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional o la Guardia Civil escondieron información sobre el imán de Ripoll, sentenció que “eso se lo tendrían que preguntar a ellos”, aunque negó que la policía catalana tenga esa percepción.

Finalmente, Estela puso en valor “las herramientas de coordinación” como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la Europol y el Eurojust.