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ERC y Junts enmiendan la malversación y el Govern espera cerrar un acuerdo por los presupuestos la semana que viene

La reforma del delito acerca el acuerdo entre Esquerra y PSC por las cuentas de la Generalitat del 2023

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, pasando en el hemiciclo por el lado del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC, Salvador Illa, alejándose.

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ERC y Junts han decidido presentar enmiendas al delito de la malversación, aprovechando la reforma del Código Penal. Por una parte, los republicanos registrarán mañana su propuesta, que pasa por hacer retoques "quirúrgicos" y no revertir sentencias sobre corrupción. De la otra, Junts quiere revertir la reforma del 2015 -con el PP en la Moncloa- y eliminar las penas de prisión si no hay lucro personal. La reforma del Código Penal adelanta en paralelo a la negociación por los presupuestos de la Generalitat del 2023. Las conversaciones del Govern con PSC, Junts y comunes avanzan y en Palau esperan cerrar un acuerdo la semana que viene. Fuentes de Palau consultadas por la ACN apuntan que la reforma de la malversación y la derogación de la sedición acercan el acuerdo|entendimiento con los socialistas.

Con respecto a las enmiendas sobre la malversación, ERC quiere redefinir, aclarar y evitar "interpretaciones sesgadas", y que el delito no se vuelva a utilizar de forma "arbitraria" para perseguir el independentismo.

A su vez, la formación que en Madrid lidera Míriam Nogueras busca evitar, con sus enmiendas, que la malversación penalice la acción política. Junts ya ha presentado su propuesta, que se basa en las enmiendas que ya registró al debate a la totalidad de finales de noviembre -y que el Congreso tumbó.

Los de Nogueras reclaman revertir la reforma que impulsó el ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) en el 2015, ya que consideran que la redacción actual puede provocar una "injerencia" judicial en la acción política. Así, Junts quiere reparar "el error" de la reforma del PP de hace siete años.

Con el ojo puesto en los juzgados 13 y 18, y en los presos indultados

Los de Gabriel Rufián tienen presente que hay decenas de excargos y empresarios procesados en el juzgado número 13 y al 18 de Barcelona, en la causa que investiga la organización del 1-O. Una decena de los cuales son de ERC, a los que se les imputa un delito de malversación que comporta la entrada a prisión.

Hay que recordar que el 18 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concluyó el sumario y dictaminó la apertura del juicio oral contra los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, por su actuación en los preparativos del 1-O cuando eran excargos del Departamento de Economía. Están procesados por desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos.

El TSJC también envió a juicio a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que sólo está procesada por desobediencia grave a autoridad judicial, y no por malversación.

Además, el Supremo condenó a los presos -después indultados- Oriol Junqueras, Dolors Bassa (ERC) y Jordi Turull (Junts) por malversación. En función de cómo quedara redactado el artículo, habría que revisar las condenas del presidente de ERC, la exconsellera republicana y el secretario general de Junts. Además, habría que ver qué pasa con los eurodiputados de Junts (Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí), exiliados desde hace cinco años.

Del Código Penal a los presupuestos

Desde octubre que ERC -incluso por boca de Junqueras- avisa de que sólo incluiría al PSC en la negociación por los presupuestos de la Generalitat si los socialistas se "comprometen" con el fin de la desjudicialización. Así lo acordaron los presidentes a Pere Aragonès y Pedro Sánchez en la mesa|tabla de diálogo de julio, que concluyó que se harían los cambios legislativos "necesarios" para "acabar con la represión" a finales de año.

En Calabria entienden que la derogación de la sedición, la reforma del delito de desórdenes públicos agravados, y la posible modificación de la malversación facilitan las conversaciones con los socialistas. Su líder en Cataluña, Salvador Illa, se ofrece desde hace meses para negociar los presupuestos, y desde hace días que Gobierno y PSC ya se reúnen para abordar temas monográficos.

El ejecutivo de Aragonés y ERC quieren que las cuentas del 2023 se aprueben también con Junts y los comunes. Con los primeros, precisamente el miércoles compartieron las primeras reuniones sectoriales. El Gobierno confía en uno 'sí' del grupo de Albert Batet a los presupuestos del año que viene, y mantienen que, en gran parte, las cuentas son las que diseñó el exconsejero|exconseller de Economía Jaume Giró (Junts).

Con el grupo de Jéssica Albiach es con quien el ejecutivo confía al cerrar antes un pacto. En Comú Podem, sin embargo, advirtió ayer por la noche que la negociación, a pesar de haber "allegado posiciones" en algunos de los ejes, "no está avanzando|adelantando suficientemente en otros".

La portavoz del PSC-Units, Alícia Romero, decía el lunes en una entrevista a la ACN que era "muy difícil" cerrar un acuerdo esta misma semana. El ejecutivo quiere aprobar las cuentas en el Consejo Ejecutivo la semana que viene, a pesar de que -de momento- descarta hacerlo sin un acuerdo previo con los grupos necesarios para superar la tramitación en la cámara. El Govern espera poder entrarlos al Parlament antes de acabar el año -previsiblemente entre el 27 y el 30 de diciembre.

El posible apoyo del PSC a las cuentas de la Generalitat podría tener otra derivada. Las negociaciones sobre los presupuestos catalanes y el Código Penal -que se hacen en paralelo- también podrían allanar el camino de la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.

Marlaska: "Ningún relajamiento"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que no habrá "ningún relajamiento" en la respuesta penal a los delitos de corrupción. El ministro lo ha dicho desde Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros europeos. Marlaska ha pedido que no haya "ninguna preocupación" ya que ha garantizado "máxima dureza y respuesta criminal" contra cualquier conducta corrupta.

Ha pedid, no obstante, esperar a ver cuáles son las enmiendas que se presentan hasta mañana, en relación a una posible modificación de la malversación. En todo caso, ha insistido en que no tiene que haber "ninguna duda al respecto de al firmeza" contra la corrupción.

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