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ECONOMÍA

El Govern modifica el impuesto sobre el Patrimonio para captar los 12 millones de euros a las grandes fortunas

El ejecutivo retoca la tasa y crea un nuevo tramo a partir de los 20 millones de euros con un gravament del 3,46%

El Gobierno modifica el impuesto sobre el Patrimonio para captar los 12 MEUR a las grandes fortunas

El Gobierno modifica el impuesto sobre el Patrimonio para captar los 12 MEUR a las grandes fortunasACN

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El Govern ha aprobado este martes modificar el impuesto sobre el Patrimonio para captar los 12 MEUR a las grandes fortunas a raíz del nuevo impuesto de solidaridad promovido por el Estado. Sin esta modificación, la recaudación extra iría a la hacienda estatal y no a la Generalitat. Para hacerlo posible, el ejecutivo catalán ha decidido retocar la tasa sobre el Patrimonio a través de un decreto ley y crear temporalmente un nuevo tramo a partir de los 20 millones de euros de fortuna con un gravamen del 3,48%. "Su vigencia estará vinculada a la existencia del nuevo impuesto estatal, que tiene una duración prevista de dos años. Las modificaciones planteadas al decreto ley, por lo tanto, también serán válidas durante dos años", ha precisado el Govern.

"El objetivo de los cambios es ajustar las tarifas a fin de que la Agencia Tributaria de Catalunya no se quede sin unos ingresos que irían a parar a la hacienda española", ha reconocido la Generalitat, que ha recordado que la previsión es que el Estado apruebe el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas con efectos sobre los patrimonios de este mismo 2022. "Por eso, hace falta que los cambios se apliquen antes de que acabe el año. Eso impide, por lo tanto, que los cambios se puedan efectuar por la vía ordinaria de una ley y se opte por el decreto ley", ha justificado al ejecutivo catalán.

El nuevo impuesto de Patrimonio implica crear un nuevo tramo a partir de los 20 millones de euros de patrimonio que estará gravado con un tipo del 3,48%. Eso generará para la Generalitat una recaudación de unos 12 millones de euros que, en caso contrario, los contribuyentes afectados pagarían a la hacienda española.

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