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La ley de amnistía podría beneficiar hasta a 1.500 encausados, 60 leridanos

Dirigentes de ERC y Junts investigados por el 9-N o el 1-O, los principales

Se ampara en la ley europea para acotar el terrorismo e incluye también la traición

Ábalos al galliner. L’exdiputat socialista José Luis Ábalos va tornar al Congrés i va donar suport a la llei.

Alegría en la bancada de ER C en el Congreso tras aprobarse la ley - Laura Vilagrà/X

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La proposición de ley de amnistía aprobada en el Congreso beneficiaría, a los principales dirigentes de Junts y ERC investigados por la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O, a los 12 CDR procesados, a los encausados por Tsunami Democràtic y a decenas de manifestantes y activistas independentistas. Entre ellos hay una sesentena de leridanos, como los exalcaldes Bernat Solè y Miquel Sella, la exmiembro de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet, la actual consellera de Exteriores, Meritxell Serret o el exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Según aseguró públicamente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma ampararía a 372 personas con causas penales, una cifra global que Òmnium eleva a un mínimo de 1.500 encausados.

La norma ampara los actos determinantes de “responsabilidad penal, administrativa o contable” ejecutados en el contexto del procés, su preparación y consecuencias, “siempre que hubieren sido realizados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023”. También los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la independencia de Catalunya. Y el terrorismo atribuido al procés, “siempre y cuando” no se haya actuado “de forma manifiesta y con intención directa” de causar “violaciones graves de Derechos Humanos”, como matar y torturar. Además, perdona la traición cuando no se haya producido una “amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial” como fija la ONU.

Aunque el texto no especifica nombres, entre los principales beneficiados por la norma se encuentran el líder de Junts y expresident Carles Puigdemont, que tiene tres frentes en los tribunales, el último abierta por el Supremo, por posibles delitos de terrorismo en el caso de Tsunami. En esta causa está también investigada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que se beneficiaría de la ley, al igual que los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín, acusados por desobediencia y en el caso de él también de malversación. Incluye también a todos los condenados por el 1-O, que ya fueron indultados por el Gobierno, a los acusados en el caso Voloh, relacionado con una trama de espionaje ruso, a los CDR acusados de terrorismo y también a los implicados en la causa de Tsunami Democràtic. También a centenares de ciudadanos investigados o condenados por su participación en las manifestaciones independentista, la gran mayoría procesados por desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.

La norma, que aún debe pasar por el Senado, deja fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y el PSOE en noviembre, sí que podrían haber tenido cabida como supuesto lawfare. Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol, ya que no se incluyen los delitos de blanqueo, organización criminal, delitos contra Hacienda y falsedad documental.

La ley entrará en vigor una vez que se apruebe definitivamente, algo que se prevé a finales de mayo o principios de junio y se publique en el BOE y los órganos judiciales serán los encargados de aplicarla “con carácter urgente” en “plazo máximo de dos meses”. El texto fija que desde su entrada en vigor los jueces deberán dejar sin efecto las órdenes de busca y captura de los beneficiados. Esto implica que Puigdemont podría volver a España sin riesgo. Otro frente será el que abran los jueces con causas afectadas por la amnistía. Podrán dirigirse al TC o al TJUE cuando adviertan un choque con la Carta Magna o el Derecho de la UE, respectivamente. Los casos quedarían paralizados hasta que respondan.

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