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JUSTICIA TERRORISMO

El Constitucional rechaza el recurso de víctimas del 17-A

No revisará el papel del imán de Ripoll, como pide la familia del niño fallecido vinculada a Llimiana

Esta acudirá a Estrasburgo

Homenatge a les víctimes en el 5è aniversari del 17A a Barcelona.

Homenaje a las víctimas en el quinto aniversario del 17-A. - ACN

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El Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer no admitir el recurso de los padres del niño de 3 años fallecido en la Rambla de Barcelona en el atentado del 17 de agosto 2017, que reclamaban aclarar todos los detalles que todavía se desconocen sobre el ataque yihadista en Barcelona y Cambrils, y abre la puerta a los afectados a llevar el caso ante Estrasburgo. La familia del niño, vinculada a Llimiana, presentó un recurso de amparo contra la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que se había vulnerado su derecho a saber toda la verdad detrás de los atentados, en los que murieron 16 personas y 130 más resultaron heridas.

El tribunal de garantías justificó su decisión asegurando que no aprecia en el recurso de la familia “la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, se requiere”. Los letrados agotan así la vía judicial en España y ahora pueden llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto.El padre del niño, Javier Martínez, lamentó ayer en sus redes sociales que “no importa nada la vida de las personas que viven en Catalunya”. “Somos de segunda o tercera categoría”, añadió, antes de avanzar que acudirán a la justicia europea para “encontrar la verdad”, un “derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.El Tribunal Supremo desestimó en noviembre la petición de nulidad del juicio y rechazó que se haya vulnerado el derecho de las víctimas a conocer la verdad. También descartó la conjetura de que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, siga vivo, y desechó la vinculación de este con los servicios secretos del Estado. Además, el Alto Tribunal rebajó de 8 años de prisión a uno y medio la pena para uno de los condenados por los ataques, y ratificó las condenas de 36 y 43 años de prisión impuestas por la Audiencia Nacional para los dos principales procesados. También desestimó las supuestas violaciones de derechos fundamentales que estos habían denunciado.

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