Moncloa ha adjudicado 46 contratos de armas a Israel desde el año 2023

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau publicó ayer un adelanto de su próximo informe sobre las relaciones militares entre España e Israel, que recoge que el Gobierno central adjudicó 46 contratos a empresas de armas israelíes entre el 7 de octubre de 2023 –cuando se produjeron los ataques de Hamás– y el 24 de abril de 2025, por un valor de 1.044.558.955 euros.

De estos, una decena aún no se han formalizado y corresponden a la adquisición de lanzacohetes SILAM por valor de 576,4 millones de euros y los misiles Spike por valor de 237,5 millones.

En el informe se detalla además que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y modernización de productos adquiridos en el pasado y otras suponen “nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización” de la industria militar israelí.

El Centre Delàs reclamó centrar el análisis en un “prisma político, humanitario y ético, cuando hay de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023”, y no en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga.

Este informe llega después de que el Gobierno acordase este jueves rescindir de forma unilateral del contrato del ministerio del Interior para comprar munición a una empresa israelí tras negociaciones entre PSOE y Sumar.

Desde el Centre Delàs han acusado al Ejecutivo central de mantener la contratación de productos militares a empresas israelíes “a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria”. Además, sostuvo que si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel ninguno de estos contratos se hubiera celebrado.

■ El Gobierno estatal está seguro de que no tendrá que sufragar los más de 6 millones de euros del contrato de munición balística que tenía suscrito con una empresa israelí y que ha decidido rescindir de forma unilateral ante la presión de Izquierda Unida de romper la coalición de gobierno.

Según fuentes gubernamentales, en Moncloa consideran que hay argumentos legales que les dan la razón y que están “cubiertos” ante un previsible litigio con la empresa israelí, aunque no descartan tener que hacer frente a una penalización, aunque por un valor muy inferior. Por su lado, el PP presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del contrato, esgrimiendo que es una resolución “arbitraria” y que responde a “motivos únicamente políticos”.