Sallent defiende el dispositivo para detener a Puigdemont cuando huyó

El exjefe de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent admitió ayer, ante la jueza que investiga a tres agentes por facilitar la salida de Catalunya de Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en agosto pasado, que no contemplaron que el expresident regresara para huir y que su “maniobra de distracción” les confundió. Sallent, que fue destituido como jefe de los Mossos después de la huida de Puigdemont, tras la constitución del nuevo Govern presidido por Salvador Illa, compareció como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola.

Durante su comparecencia Sallent ratificó el informe que elaboró a instancias del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al no poder cumplir con su orden de arresto vigente con el líder de Junts. También se ratificó en ese informe el intendente Ignasi Teixidor, subjefe de los Mossos en la Región Metropolitana de Barcelona.

Sallent, actual jefe de la Región Policial Metropolitana Sur de Barcelona, subrayaba en el informe que la “maniobra de distracción” de Puigdemont el 8 de agosto, que “escapa a toda lógica racional o política”, les sumió en una situación de “confusión” e “incertidumbre” que impidió detenerle. Además, admitía que “en ningún momento” se valoró como “posible o probable” que Puigdemont pudiera regresar a Catalunya “y no tuviera la determinación de acceder al Parlament”, como había anunciado, por lo que “no se contempló como una posibilidad que regresara para después huir”.

Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se habría reunido ayer con Puigdemont en Suiza para reanudar las citas mensuales que el PSOE ha venido manteniendo con el líder de Junts tras el pacto para investir a Pedro Sánchez. Zapatero sustituiría así a Santos Cerdán, que era quien ejercía esta función hasta verse involucrado en el caso Koldo.

■ El vicepresidente de Junts y portavoz del partido, Josep Rius, adviritó ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de “consecuencias legales” si se niega a aplicar la amnistía al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig. El juntista aseguró que la actitud del Supremo, que se niega a aplicar la amnistía en estos casos, “no es sólo antidemocrática sino que podría entrar en la categoría de la prevaricación y la sedición”. Después de que el Constitucional avalara la ley de amnistía la semana pasada, Rius cree que Llarena “debería retirar de inmediato las órdenes de detención”.

Por su parte, Òmnium reclamó al Comité de Derechos Humanos de la ONU que exija a España “la aplicación plena de la amnistía”.