El TC decide en septiembre el futuro de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) no estudiará hasta el mes de septiembre la admisión a trámite los recursos de amparo presentados por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, incluida la medida cautelarísima que solicita para que se le levante la orden de detención, contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle la malversación del procés. La admisión a trámite y las cautelarísimas solicitadas por los tres se han incorporado al orden del día únicamente para acordar que sea el pleno quien se ocupe de responder a las tres impugnaciones. Una vez asumida la competencia, no resolverá sobre su admisión a trámite hasta el próximo septiembre. Concretamente, fuentes del Constitucional precisan que será en el primer pleno de ese mes. Las citadas fuentes precisaban que las medidas cautelarísimas no se suelen conceder, “máxime en un asunto en el que la situación del recurrente no ha cambiado en nada desde hace años”, como es el caso del expresident, que lleva exiliado casi ocho años.

Puigdemont presentó la semana pasada un recurso de amparo ante la corte de garantías en el que pedía que se le aplicara la amnistía por el delito de malversación y, de forma cautelarísima, que se suspendiera la orden de detención estatal que pesa sobre él. En el escrito alegaba que esta “carece del respaldo de una condena firme”, en un contexto en el que el legislador “ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal” del expresident mediante “una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada”.

El recurso de Puigdemont ha recaído en la magistrada progresista Laura Díez, mientras que los de Puig y Comín se ocuparán los magistrados conservadores César Tolosa y Enrique Arnaldo.

El expresident presentó el recurso tras el aval a la amnistía

El expresident Carles Puigdemont presentó el recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de que la corte de garantías avalara la ley de amnistía –con la mayoría de los magistrados progresistas– y de que el Tribunal Supremo confirmara que no amnistiará el delito de malversación que le atribuye en la causa del procés. La deliberación del Constitucional no se pronuncia sobre el delito de malversación de caudales públicos por el que se encuentra procesado, pero sí le permite pedir su aplicación y la suspensión cautelar de la orden estatal de detención que pesa sobre él.