CORRUPCIÓN
Cerdán pide al Constitucional revocar la prisión provisional
Su hermana cobraba 2.000 euros netos al mes como administrativa de Servinabar. El Supremo extiende 6 meses el caso Koldo

Santos Cerdán llegando a declarar al Supremo hace un mes. - JESUS HELLIN — EUROPA PRESS
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pidió ayer al Tribunal Constitucional que revoque la prisión provisional decretada por el Tribunal Supremo hace un mes. Los abogados de Cerdán, implicado en el caso Koldo por el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública, consideran que el Supremo –que ratificó su decisión hace una semana– ha vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia sin justificar el riesgo de alteración o destrucción de pruebas.
Mientras, la hermana del exnúmero 2 del PSOE, Belén Cerdán, trabajó como administrativa de Servinabar –empresa investigada en el caso Koldo– cobrando 2.000 euros netos al mes, según informó su entorno. Además, el PSN señaló que Belén Cerdán pidió la baja como afiliada y ya no forma parte del PSOE ni es concejala en el municipio de Milagro.
Investigación prorrogada
Paralelamente, el Tribunal Supremo acordó ayer prorrogar seis meses la investigación del caso Koldo, ante el “significativo volumen de material intervenido a los investigados” en los registros y las intervenciones telefóncias.
■ La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró ayer que el fiscal general del estado, Ángel García Ortiz –procesado por el Supremo por revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso–, no dimite porque “el Gobierno le está pidiendo que se quede”. El PP preguntó si existe “un pacto de silencio” entre García Ortiz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no pida su dimisión, y sospechó que “algo temerá” Sánchez.
Por su parte, el Gobierno proclamó que no se puede “poner al mismo nivel a quien persigue el delito que a un presunto defraudador fiscal” y criticó a los populares por “usar el caso del fiscal general” como “ataque” contra el Ejecutivo.