El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 €

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado acordó ayer la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También fijó una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para este delito, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad. El juez considera excesiva la cantidad de 300.000 euros solicitada por González Amador como indemnización por perjuicios morales. En cambio, rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía una de las acusaciones, al señalar que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general del Estado, lo que a su juicio entiende como “un vacío legal”, si bien envía su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

En el auto, que no es recurrible, el juez considera que García Ortiz dio publicidad a una información obtenida gracias a su cargo. Explica que el correo de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador “de común acuerdo” admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales, contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano” que estaban “sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad”. Hurtado defiende que esa actuación “pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta”. El magistrado da un plazo de díez días a la defensa para que presente su escrito frente a las acusaciones, que piden cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que lo eleva a seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

Ahora corresponde a la Sala de lo Penal fijar la fecha de un juicio que será histórico, puesto que es la primera vez que en el banquillo se sentará un fiscal general. Previsiblemente el juicio se celebrará en noviembre por un tribunal compuesto por siete magistrados conservadores.

Desde Fiscalía rechazaron hacer cualquier comentario por respeto al tribunal y al procedimiento.

El Gobierno defiende su “inocencia” y el PP exige su dimisión

El Gobierno central mostró ayer su “máximo respeto” por la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, pese a que el Ejecutivo mantuvo la “confianza” en su inocencia. “Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, afirmó la ministra portavoz, Pilar Alegría. Por su parte, el PP insistió en pedir la dimisión de García Ortiz por una cuestión “ética y moral de respeto a la institución” y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su cese si no lo hace.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, tildó la apertura del juicio de un hecho “inaudito”, como aseguró “ya fue la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado. Así como el proceso contra los líderes independentistas y contra los miembros del Govern de la Generalitat”.