El abogado general del TJUE avala la amnistía por los gastos del 1-O y los CDR, pero pone objeciones de procedimiento

Dean Spielmann, abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, ha defendido que la amnistía por los gastos del ‘procés’ y el caso de los CDR respeta el derecho de la UE, pero ha puesto objeciones de procedimiento porque considera que algunas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. En respuesta a las preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann dice perdonar la responsabilidad contable para el 1-O no afecta a los intereses financieros de la UE. Por el contrario, ve insuficientes los plazos que la ley impone al TdC para resolver sobre la aplicación de la amnistía y critica que se impida la comparecencia de algunas partes. Con respecto a los CDR, ve compatible la ley con las normas antiterroristas de la UE.

Por otra parte, Spielmann niega que la ley sea una “autoamnistía”, como decía la Comisión Europea, y valida la legitimidad de la medida para “dar respuesta a una situación excepcional” que busca la “normalización institucional y la reconciliación” en España.

La opinión de Spielmann no es vinculante para el TJUE, que dictará sentencia más adelante. Todavía no se ha fijado una fecha para este pronunciamiento. Líderes y activistas independentistas están pendientes de lo que diga este tribunal con sede a Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, pero también del Tribunal Constitucional en España.

Los dos casos en Luxemburgo

La ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. La norma dice que busca la "normalización institucional, política y social" en Catalunya y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable en los implicados en el 'procés'. Pactada con los partidos independentistas como aparte del acuerdo de investidura de Sánchez, la amnistía ha generado polémica. Aparte de las denuncias de PP y Vox, los tribunales que tienen que aplicar la amnistía han cuestionado su validez.

El Tribunal Supremo directamente no lo ha querido aplicar en los casos de malversación que afectan dirigentes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, y se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la norma por el posible “trato discriminatorio” en función de la “ideología”, pero el TC ya lo ha desestimado.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han optado por preguntar al TJUE si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea. Ahora el TJUE está examinando las prejudiciales del TdC y la AN sobre la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del ‘procés’ y a los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

En cambio, las prejudiciales del TSJC sí que preguntan si la amnistía a la malversación puede afectar a los intereses financieros de la UE. Pero este caso todavía está pendiente de ser examinado en el TJUE y ahora sólo trata sobre la cuestión de los gastos del procés.

Respuesta al Tribunal de Cuentas

En sus conclusiones no vinculantes, Spielmann contesta varias preguntas del Tribunal de Cuentas por la amnistía a las responsabilidades contables de los líderes independentistas por el ‘procés’. La más destacada era sobre el fondo del caso, es decir, si se pueden perdonar estos delitos teniendo en cuenta los intereses financieros de la UE.

El abogado general asegura que estos actos no afectan a los intereses financieros de la UE porque no hay “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. En las conclusiones, Spielmann afirma que “los fondos malversados no se tenían que poner a disposición del presupuesto de la UE” y que “las partes demandadas en el litigio” en el TdC “no estaban encargadas de recibirlos y ponerlos a disposición de este presupuesto”. Por lo tanto, niega ninguna afectación de los intereses financieros de la UE. El TdC también preguntaba sobre aspectos de procedimiento que impone la ley de amnistía para decidir sobre su aplicación a los casos concretos. Al respecto, Spielmann tiene algunas objeciones.

En primer lugar, dice que el plazo máximo de dos meses que exige la ley para dictar una resolución es “excesivamente corto y vinculante”, con lo cual puede vulnerar la independencia de los tribunales para decidir sobre la amnistía. Sin embargo, Spielmann recuerda que el gobierno español ya dijo que el plazo tiene carácter “estrictamente indicativo”.

En segundo lugar, el abogado general avisa de que la ley no prevé la comparecencia de la acusación particular durante el procedimiento para decidir si se aplica la amnistía en el caso del TdC. Por eso, alerta que impedir que se escuche a todas las partes vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Por último, Spielmann afirma que es incompatible con el derecho de la UE obligar a los tribunales a resolver y levantar medidas cautelares antes de que el TJUE resuelva las prejudiciales que se le han presentado sobre la ley de amnistía. En este sentido, dice que el TdC tiene que determinar si la ley se puede interpretar de manera que se garantice la “utilidad” de las respuestas del TJUE para resolver.