Detenida la “fontanera” del PSOE Leire Díez por contratos públicos

La Guardia Civil detuvo ayer a la exmilitante y considerada “fontanera” del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández en un procedimiento relacionado con irregularidades en contrataciones públicas. Ambos fueron arrestados por una causa que se sigue en la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

Leire Díez ya está imputada por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales, mientras que Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI por un presunto caso de amaño del cual fue absuelto.

La portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, recalcó que Díez ya no es militante del partido y pidió dejar trabajar a la Justicia.

Golpe a Ábalos

Por otra parte, el Tribunal Supremo avaló ayer la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesar al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia. Así lo acordaron los magistrados del TS en una resolución en la que desestiman los recursos que presentaron Ábalos y Koldo –ambos en prisión preventiva desde el 27 de noviembre–, al considerar que “no es pronosticable ni en la más optimista de las previsiones” que las diligencias reclamadas por Ábalos “desmoronen” los indicios que les han acercado al banquillo. La Fiscalía pide 24 años de cárcel a Ábalos, 19 y medio a Koldo y 7 al empresario Víctor de Aldama.

De esta manera, la Mesa del Congreso suspendió al exministro de sus derechos y deberes parlamentarios tras la decisión del Supremo. Ábalos –diputado del Grupo Mixto–, había solicitado autorización a la Mesa para poder participar telemáticamente desde la cárcel –lo que habría supuesto un hecho histórico– en las votaciones que tendrán lugar hoy en la Cámara Baja, entre ellas la de los objetivos de déficit. El extitular de Transportes no podrá votar en el pleno y dejará de recibir las percepciones económicas propias de la condición del diputado.