“Cuesta pensar que Catalunya renuncie a la nueva financiación”

La consellera de Economía, Alícia Romero, aseguró ayer que le “cuesta pensar que Catalunya renunciará” al nuevo modelo de financiación, que significaría, dijo, renunciar a 4.700 millones de euros más. Así lo dijo en clara referencia a Junts en su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament para explicar la propuesta de nueva financiación autonómica. Romero admitió que los nuevos recursos “seguro que no son suficientes, pero son muy relevantes” y los puso en valor ante los retos que dijo que Catalunya tiene delante. “Deberíamos ser capaces de hacer lo que decían los agentes económicos y trabajar juntos para que este modelo se apruebe con el pragmatismo, pero también con voluntad de mejorarlo”, afirmó. Con todo, calificó de “muy complicado” que se pueda garantizar la ordinalidad o “nivelación total” con el nuevo modelo de financiación, pero aseguró que se tiende y mantiene un “cierto equilibrio” entre comunidades.

Por otro lado, Romero afeó el dumping fiscal que aseguró que practican algunas comunidades y subrayó que es “absolutamente injusto” que haya autonomías que hagan un esfuerzo fiscal para garantizar los servicios públicos. Propuso que el Gobierno central fije un suelo a los impuestos que impida que se pueda bajar más allá, ya que dijo que de no ser así, hay comunidades que acaban siendo insolidarias.

El diputado de Junts, Antoni Castellà, afeó que la propuesta mantiene a Catalunya en el régimen común, cuando recordó que el acuerdo con ERC hablaba de un régimen singular, y que se hable de ordinalidad en términos de población ajustada y no de población real.

Por parte de ERC, Albert Salvadó defendió el modelo, que dijo que no es perfecto, pero que “es evidente que mejora sustancialmente el actual” y que es, en sus palabras, una ganancia sustancial para Catalunya. Juan Fernández, del PP, se preguntó si el “colapso de los servicios públicos en Catalunya es por falta de financiación” y David Cid, Comuns, dijo que, con este acuerdo, el Estado “reconoce por primera vez que los servicios públicos universales” como la sanidad y la educación, los debe financiar con más recursos el propio Estado.