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EDITORIAL
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No es país para mayores

Actualizada 06/10/2019 a las 09:57

El paulatino aumento de la esperanza de vida ha comportado desde hace varias décadas un notable incremento de la población de edad avanzada. Paralelamente, el gran avance en la igualdad entre mujeres y hombres, a pesar de que aún queda mucho por hacer en este ámbito, afortunadamente ha provocado la desaparición de la figura del ama de casa tradicional que se encargaba del cuidado de los niños y de los ancianos en el hogar. Ahora, es muy raro que en una casa convivan tres generaciones. Los hijos se acaban independizando, aunque sea tarde a causa de la precariedad económica, y hay muchos hogares en los que únicamente residen personas mayores, en muchas ocasiones solas. Solo en la provincia de Lleida hay unos 16.000 mayores de 65 años que viven solos, y un número similar de hogares formados por parejas de esta franja de edad. Se trata de un colectivo que requiere de una atención específica en materias como sanidad o servicios sociales, pero los recursos que las distintas administraciones destinan a ellos están lejos de cubrir las necesidades existentes. La ley de Dependencia aprobada por el Congreso de los Diputados en 2006 fue presentada como el cuarto pilar del estado del bienestar, con un amplio abanico de ayudas para facilitar el cuidado de los mayores y la autonomía de estos. Sin embargo, la crisis económica hizo que su dotación económica quedara estrangulada ya desde su entrada en vigor. Así que al final este teórico pilar se ha acabado convirtiendo en un puntal más bien raquítico y son las familias las que deben seguir asumiendo como pueden la atención a los mayores, ayudados por algunos servicios que ofrecen las administraciones locales, como la teleasistencia o asistencia a domicilio durante algunas horas a la semana. Además, otro servicio cada vez más demandado a causa del envejecimiento de la población, el de las residencias geriátricas, está mayoritariamente en manos de empresas privadas. Esto hace que, por un lado, haya una gran lista de espera para acceder a una plaza pública, que en Lleida llega a superar el año. Y por el otro, que como muchos ancianos tienen una pensión menguada, haya un buen número de familias que no pueden permitirse ingresarlos en plazas privadas en el momento que lo necesitan. Como señalan los expertos, la administración no atiende como es debido a un colectivo que cada vez es más numeroso y, por desgracia, nada apunta a que esto vaya a cambiar.

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