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EDITORIAL
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Tercer grado

Actualizada 03/07/2020 a las 09:28

Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses donde cumplen condena los dirigentes del procés independentista de Catalunya aprobaron ayer por unanimidad pedir el tercer grado para los nueve presos, lo que supondrá un régimen de semilibertad en el que solo tendrán que ir a la prisión a dormir de lunes a viernes con fines de semana en su casa. El acuerdo tiene que ser refrendado ahora por la conselleria de Justicia, que habitualmente lo hace en el 95 por ciento de los casos, pero podrá ser recurrido por la fiscalía ante el Tribunal Supremo, algo que previsiblemente también sucederá porque ya hubo recurso por el segundo grado y por la aplicación del artículo 100.2, que les permitía salir a trabajar o hacer voluntariado y que fue rechazado por los juzgados de vigilancia penitenciaria. El paso a tercer grado es una decisión técnica, tan anunciada como lógica porque las juntas de tratamiento deben revisar la situación de los presos cada seis meses y en el caso de los dirigentes del procés tocaba hacerlo, ya que pasaron a segundo grado el 9 de enero y el 28,9 de los reclusos catalanes está cumpliendo su condena con el tercer grado porque la misma ley penitenciaria establece en su artículo 72.4 que “no se puede mantener en un grado inferior a quien puede estar en un grado superior” y los profesionales que forman parte de las juntas de tratamiento han considerado que técnicamente los nueve podían pasar al tercer grado aunque solo cuatro hayan cumplido la cuarta parte de la condena. La decisión no gustará ni a unos, que ya han empezado a criticar un supuesto trato de favor y que se incumplen las condenas fijadas por el Supremo, ni a otros, que reclaman la amnistía, porque en su opinión no cometieron ningún delito, son presos políticos y ya llevan entre 2,5 y tres años de prisión injusta, pero lo importante es que se están cumpliendo las leyes vigentes, aunque se discrepe de ellas, y que no hay arbitrariedad sino la aplicación de una normativa igual para todos. Se puede discrepar de la sentencia del Supremo o de la calificación de los hechos, como hemos hecho, pero hay que respetar las leyes democráticamente aprobadas y seguir los cauces legislados para modificarlas y desde un punto de vista político también será positivo que se normalice la situación en Catalunya y que dirigentes cualificados no tengan que hacer política desde las prisiones.

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