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Llarena inhabilita a los diputados procesados y hace peligrar la mayoría independentista

Actualizada 11/07/2018 a las 09:52
Sin embargo, no cesa a Comín, que aún puede recurrir || Declara en rebeldía a Puigdemont y al resto de políticos en el extranjero, rechaza de nuevo excarcelar a Forn y mantiene la fianza de 2,1 millones
El magistrat Pablo Llarena i el rei Felip VI van acudir ahir a l’entrega de despatxos a la nova promoció de jutges, a Barcelona.

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© El magistrado Pablo Llarena y el rey Felipe VI

EFE

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó ayer un auto en el que pone fin a la instrucción de la causa contra la cupúla del procés por el 1-O e inhabilita a 6 de los 7 diputados procesados. Así, suspendió de sus cargos a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, todos ellos de JxCat, y a Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC.

No obstante, el conseller destituido de Salud, Toni Comín, que es también diputado, se libró porque todavía tiene opción de recurrir su procesamiento. De este modo, Llarena hace peligrar la mayoría independentista en la Cámara catalana al privar de voto a estos 6 diputados. A este respecto, en su auto, Llarena dejó en manos del Parlament la posibilidad de que los suspendidos sean sustituidos “temporalmente” por otros miembros de sus candidaturas hasta que no se celebre el juicio y se dicte una sentencia firme.

Por otra parte, el magistrado del Supremo declaró en rebeldía a Carles Puigdemont, a los consellers cesados Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y a las exdiputadas Marta Rovira y Anna Gabriel, a la vez que suspendió el curso de la causa contra ellos. Así, tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento en su contra se suspenderá hasta que sean puestos a su disposición.

 

El magistrado propone al Parlament que sustituya “temporalmente” a los diputados

 

Igualmente, en su auto, Llarena volvió a rechazar la puesta en libertad, por cuarta vez, del conseller destituido de Interior, Joaquim Forn, al entender que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. A este respecto, argumentó que el actual Govern de Quim Torra se “jacta” de seguir con la deriva independentista.

Además, el magistrado cerró la puerta a incluir en el procedimiento a la expresidenta de la AMI Neus Lloveras y al expresidente de la ACM y conseller de Interior, Miquel Buch, tal y como había solicitado la acusación popular. Ambos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación.

Respecto a la fianza impuesta a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 12 consellers de su Executiu, Llarena consideró suficientes los 2,1 millones de euros ya abonados por la ANC y Òmnium gracias a la llamada “caja de solidaridad”. Así, desestimó la petición de la acusación popular, ejercida por Vox, para elevar esta cantidad hasta los 5,5 millones de euros.

En relación con la presunta malversación de los procesados, en su auto, Llarena dejó sin efecto una solicitud que había cursado ante el ministerio de Hacienda para que los técnicos del fisco le prepararan un informe sobre la información entregada por la Generalitat a la interventora general de sus cuentas, argumentando que retrasaría demasiado el transcurso del procedimiento.

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